Se quiere crear una Unidad de Gestión que
elaborará los proyectos para la inversión de los fondos mineros.
La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer
un proyecto por el que se propone modificar el artículo quinto de la Ley
5.128 de Regalías Mineras. La iniciativa pretende agilizar y
desburocratizar el circuito para la aprobación de los proyectos que se
ejecutan con fondos mineros.
Por el mismo se propone retirar la facultad que el Tribunal de Cuentas tiene por una acordada. A partir de esa reglamentación que dictó el organismo se obliga a los intendentes a presentar los proyectos a ejecutar antes de la inversión de los fondos. Con la documentación también se debe elevar la aprobación del Concejo Deliberante. En la práctica -según la evaluación que realizaron los legisladores-, un municipio debe esperar entre 6 meses y un año "para que el Tribunal se digne en contestar, aprobando, rechazando o solicitando modificaciones al proyecto original", fundamenta la iniciativa del diputado Hugo Argerich.
Es por ello que se propone la creación de una Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, integrada por los Ministerios de Producción, Hacienda y Finanzas y Gobierno y por técnicos de todos los ministerios que tenga como objeto proponer, asesorar, evaluar y autorizar los proyectos a ejecutar por los municipios.
Esa unidad de gestión deberá consensuar con cada intendente el perfil productivo de la jurisdicción y propondrá los proyectos que estime más convenientes. Se establece que se deberá resolver la ejecución en un plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción de la iniciativa, con el objeto de evitar la gran burocracia que existe.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas solo tendrá que realizar una auditoría anual para certificar cómo se realizó la inversión de los fondos.
Por el mismo se propone retirar la facultad que el Tribunal de Cuentas tiene por una acordada. A partir de esa reglamentación que dictó el organismo se obliga a los intendentes a presentar los proyectos a ejecutar antes de la inversión de los fondos. Con la documentación también se debe elevar la aprobación del Concejo Deliberante. En la práctica -según la evaluación que realizaron los legisladores-, un municipio debe esperar entre 6 meses y un año "para que el Tribunal se digne en contestar, aprobando, rechazando o solicitando modificaciones al proyecto original", fundamenta la iniciativa del diputado Hugo Argerich.
Es por ello que se propone la creación de una Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, integrada por los Ministerios de Producción, Hacienda y Finanzas y Gobierno y por técnicos de todos los ministerios que tenga como objeto proponer, asesorar, evaluar y autorizar los proyectos a ejecutar por los municipios.
Esa unidad de gestión deberá consensuar con cada intendente el perfil productivo de la jurisdicción y propondrá los proyectos que estime más convenientes. Se establece que se deberá resolver la ejecución en un plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción de la iniciativa, con el objeto de evitar la gran burocracia que existe.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas solo tendrá que realizar una auditoría anual para certificar cómo se realizó la inversión de los fondos.
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