El Ministerio Público insistió con que ambos debían ser condenados por homicidio calificado.
Tanto el Fiscal Federal, Rafael Vehíls Ruiz, como el defensor
Lucio Montero presentaron esta semana recursos de casación ante la
sentencia emitida el 16 de junio pasado por el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal contra los ex jerarcas Carlos Alberto Lucena (84) y
Juan Daniel Rauzzino (78), en el contexto de juicios de Lesa Humanidad
cometidos durante la última dictadura militar.
Según se confirmó ayer, y como era esperable, el ministerio público apeló la condena de 16 y 10 años de prisión a Lucena y Rauzzino, emitida por los jueces Juan Carlos Reynaga, Gabriel Casas y José Uriburu. El argumento de la casación se habría basado en tres puntos: que ambos imputados fueran condenados, además de por los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, por los que fueron juzgados, también como “partícipes necesarios en el homicidio de Griselda y Francisco Ponce, Julio Burgos y Nelly Yolanda Borda”. Además, solicitar que la prisión común se comience a cumplir desde el mismo momento en que fue emitida la condena y no, como fue dispuesta por el Tribunal, a partir de que ésta quede firme. En consecuencia, también se menciona que el monto de las penas no es compartido por el ministerio Público debido a las consideraciones anteriores y también expuestas durante la etapa de alegatos antes de la conclusión del debate, de que los acusados debían ser condenados por homicidio calificado.
Por su parte, Montero habría fundamentado principalmente su pedido de que sus pupilos no sean enviados a cárcel común debido a las comprobadas enfermedades que sufrirían cada uno. Asimismo, y tal como expuso en su alegato y en distintos momentos durante el debate, habría pedido que se tome en cuenta el derecho de defensa “que no pudieron ejercer ni Lucena ni Rauzzino en el marco de la imputación por asociación ilícita”, y también mencionado nuevamente sus argumentos en cuanto a que ambos debieran ser sobreseídos de todos los delitos que se les acusa.
Los recursos fueron presentados en la Corte Federal de Justicia de la provincia de Tucumán y no existe un plazo establecido para su expedición en cuanto a su evaluación de los casos. Mientras tanto, los condenados permanecen bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con otras restricciones.
Según se confirmó ayer, y como era esperable, el ministerio público apeló la condena de 16 y 10 años de prisión a Lucena y Rauzzino, emitida por los jueces Juan Carlos Reynaga, Gabriel Casas y José Uriburu. El argumento de la casación se habría basado en tres puntos: que ambos imputados fueran condenados, además de por los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, por los que fueron juzgados, también como “partícipes necesarios en el homicidio de Griselda y Francisco Ponce, Julio Burgos y Nelly Yolanda Borda”. Además, solicitar que la prisión común se comience a cumplir desde el mismo momento en que fue emitida la condena y no, como fue dispuesta por el Tribunal, a partir de que ésta quede firme. En consecuencia, también se menciona que el monto de las penas no es compartido por el ministerio Público debido a las consideraciones anteriores y también expuestas durante la etapa de alegatos antes de la conclusión del debate, de que los acusados debían ser condenados por homicidio calificado.
Por su parte, Montero habría fundamentado principalmente su pedido de que sus pupilos no sean enviados a cárcel común debido a las comprobadas enfermedades que sufrirían cada uno. Asimismo, y tal como expuso en su alegato y en distintos momentos durante el debate, habría pedido que se tome en cuenta el derecho de defensa “que no pudieron ejercer ni Lucena ni Rauzzino en el marco de la imputación por asociación ilícita”, y también mencionado nuevamente sus argumentos en cuanto a que ambos debieran ser sobreseídos de todos los delitos que se les acusa.
Los recursos fueron presentados en la Corte Federal de Justicia de la provincia de Tucumán y no existe un plazo establecido para su expedición en cuanto a su evaluación de los casos. Mientras tanto, los condenados permanecen bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con otras restricciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario