Desde que comenzaron los bloqueos, la Justicia tuvo inconvenientes para intervenir en el conflicto que protagonizaron los antimineros. La primera intervención fue del fiscal de Santa María, Julio Landívar, quien aplicó la ley antiterrorista para procesar con la imputación de «terrorismo» a nueve asambleístas detenidos durante una protesta sobre la ruta 40. Hasta ahora no se conoció la participación de la Justicia de Belén.
La participación del fiscal enardeció los ánimos y fue seriamente cuestionado por sus pares. El fiscal federal de Cámara, Antonio Gustavo Gómez, criticó al fiscal Landivar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial. Para Gómez, éste último se debería haber declarado incompetente en el caso.
En este punto, el fiscal federal sostuvo que "Landivar tiene dos razones para no ser competente: una es que es una ruta nacional donde se produce la protesta, y otra es que aplica un artículo que a partir de la nueva ley antiterrorista es un delito federal". Gómez resaltó además que la ley antiterrorista posee «una excepción" en la que afirma que no se aplicará "en casos donde sean reclamos de defensa de Derechos Humanos, sociales o constitucionales".
El incidente tomó relevancia nacional cuando el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, declaró que era una falsedad que se aplicó la polémica normativa en la protesta ambientalista. Los asambleístas salieron al cruce y denunciaron que el ministro de Justicia Julio Alak tergiversó los hechos sucedidos en la comisaría de San José , Santa María, al desconocer que allí se violaron derechos constitucionales.
Con posterioridad, los ambientalistas presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Justicia Federal. Ayer, el juez federal Ricardo Moreno confirmó que se declaró incompetente para intervenir en el conflicto.
Pero, además, indicó que el recurso presentado solicitaba que se actúe para evitar que el Gobierno reprima a los manifestantes. Al tratarse de un incidente que todavía no ocurrió, la Justicia no puede emitir pronunciamiento algunos.
Además, por la jurisprudencia existente, explicó que corresponde a la competencia de la Justicia Provincial porque no se trata de un bloqueo total a la ruta nacional sino un conflicto de intereses. Sin embargo, los antimineros apelaron el fallo.
En este punto, el fiscal federal sostuvo que "Landivar tiene dos razones para no ser competente: una es que es una ruta nacional donde se produce la protesta, y otra es que aplica un artículo que a partir de la nueva ley antiterrorista es un delito federal". Gómez resaltó además que la ley antiterrorista posee «una excepción" en la que afirma que no se aplicará "en casos donde sean reclamos de defensa de Derechos Humanos, sociales o constitucionales".
El incidente tomó relevancia nacional cuando el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, declaró que era una falsedad que se aplicó la polémica normativa en la protesta ambientalista. Los asambleístas salieron al cruce y denunciaron que el ministro de Justicia Julio Alak tergiversó los hechos sucedidos en la comisaría de San José , Santa María, al desconocer que allí se violaron derechos constitucionales.
Con posterioridad, los ambientalistas presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Justicia Federal. Ayer, el juez federal Ricardo Moreno confirmó que se declaró incompetente para intervenir en el conflicto.
Pero, además, indicó que el recurso presentado solicitaba que se actúe para evitar que el Gobierno reprima a los manifestantes. Al tratarse de un incidente que todavía no ocurrió, la Justicia no puede emitir pronunciamiento algunos.
Además, por la jurisprudencia existente, explicó que corresponde a la competencia de la Justicia Provincial porque no se trata de un bloqueo total a la ruta nacional sino un conflicto de intereses. Sin embargo, los antimineros apelaron el fallo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario