La Corte abordó ayer el análisis de la polémica minera. El Procurador explicó la postura del tribunal.
La protesta social es legítima, es válida y no se va a judicializar, pero cuando en el acto de la protesta se cometen delitos, la Justicia no puede mirar para otro lado y tiene que actuar en consecuencia", explicó el Procurador de la Corte, Enrique Lilljedalh, para sintetizar la postura del máximo tribunal provincial.
Ayer se reunió el pleno de la Corte de Justicia para evaluar los informes enviados por cada uno de los fiscales de las jurisdicciones en las que se realizaban los bloqueos a camiones que se dirigían a la empresa minera Bajo La Alumbrera. De todos modos, la Corte aclaró que no podía bajar una orden a los fiscales, sino que debían valorar en qué momento corresponde actuar.
En ese marco, el funcionario judicial explicó los alcances de la Justicia en este tipo de conflictos, "Mientras la protesta social sea pacífica y no se cometan delitos, está perfecto, pero si destruyen autos o comenten otro delitos, entonces la situación es distinta, y tiene que actuar la justicia, si no viviríamos en un estado primitivo, no en un Estado de derecho".
Explicó además que los fiscales actúan de oficio, como puede actuar la policía cuando están en presencia de un delito. Son autónomos y no requieren de la autorización de la Corte para despejar una ruta.
"Queremos que se respeten los postulados del Estado de derecho, creo que es muy simple. Hubo muchos cortes en la provincia en los que se actúa intimando a las personas para que abandonen la medida. Y si tiene que actuar la fuerza pública tiene que ser con la mayor prudencia para que no haya gente lastimada", explicó.
Lilljedhal manifestó que la interrupción de la circulación de vehículos en rutas nacionales es un delito que esta especificado en el Código Penal. “El delito es el impedir transitar, lo dice la Constitución al garantizar el libre tránsito sobre las rutas del país. Cuando el corte es total es delito porque es una ruta nacional, y cuando es parcial quien actúa es la Justicia provincial, no es que haya más o menos delito si el corte es parcial o total, la diferencia está en quien actúa en cada uno de los casos”.
El funcionario expresó que coincidía con la postura de la gobernadora Lucía Corpacci, quien había señalado que se garantizaría el derecho a expresarse. "Que la protesta vaya a la Municipalidad o a una plaza pública, que protesten y canten en contra de lo que se les ocurra, pero sin que se cometa delito, porque si así ocurre, la Justicia tiene que actuar”, señaló.
Por último, analizó el reclamo y aseguró: "Se votó un proyecto político que en ningún momento dijo que Catamarca se iba a manejar con una política antiminera. Yo creo que tenemos que respetar algunos mandatos constitucionales y democráticos y no querer imponer voluntades, sino entraríamos en un caos", finalizó.
Ayer se reunió el pleno de la Corte de Justicia para evaluar los informes enviados por cada uno de los fiscales de las jurisdicciones en las que se realizaban los bloqueos a camiones que se dirigían a la empresa minera Bajo La Alumbrera. De todos modos, la Corte aclaró que no podía bajar una orden a los fiscales, sino que debían valorar en qué momento corresponde actuar.
En ese marco, el funcionario judicial explicó los alcances de la Justicia en este tipo de conflictos, "Mientras la protesta social sea pacífica y no se cometan delitos, está perfecto, pero si destruyen autos o comenten otro delitos, entonces la situación es distinta, y tiene que actuar la justicia, si no viviríamos en un estado primitivo, no en un Estado de derecho".
Explicó además que los fiscales actúan de oficio, como puede actuar la policía cuando están en presencia de un delito. Son autónomos y no requieren de la autorización de la Corte para despejar una ruta.
"Queremos que se respeten los postulados del Estado de derecho, creo que es muy simple. Hubo muchos cortes en la provincia en los que se actúa intimando a las personas para que abandonen la medida. Y si tiene que actuar la fuerza pública tiene que ser con la mayor prudencia para que no haya gente lastimada", explicó.
Lilljedhal manifestó que la interrupción de la circulación de vehículos en rutas nacionales es un delito que esta especificado en el Código Penal. “El delito es el impedir transitar, lo dice la Constitución al garantizar el libre tránsito sobre las rutas del país. Cuando el corte es total es delito porque es una ruta nacional, y cuando es parcial quien actúa es la Justicia provincial, no es que haya más o menos delito si el corte es parcial o total, la diferencia está en quien actúa en cada uno de los casos”.
El funcionario expresó que coincidía con la postura de la gobernadora Lucía Corpacci, quien había señalado que se garantizaría el derecho a expresarse. "Que la protesta vaya a la Municipalidad o a una plaza pública, que protesten y canten en contra de lo que se les ocurra, pero sin que se cometa delito, porque si así ocurre, la Justicia tiene que actuar”, señaló.
Por último, analizó el reclamo y aseguró: "Se votó un proyecto político que en ningún momento dijo que Catamarca se iba a manejar con una política antiminera. Yo creo que tenemos que respetar algunos mandatos constitucionales y democráticos y no querer imponer voluntades, sino entraríamos en un caos", finalizó.
"Catamarca es minera"
El intendente de la Capital, Raúl Jalil, manifestó que no se puede discutir que Catamarca es una provincia minera.
El jefe comunal defendió la minería y argumentó que, "de todas las actividades, es la única que cuenta con una ley especial de impacto ambiental".
Aademás se solidarizó con sus pares de las localidades del norte de Belén y se mostró preocupado por la situación de los trabajadores que dependen del funcionamiento de la mina.
"Estos municipios viven de la actividad minera, y hay más de 1.200 empleados que dependen del funcionamiento de la empresa", indicó.
Jalil manifestó que el Gobierno está abierto al diálogo con los ambientalistas. En ese sentido hizo referencia a la presencia de foráneos en las protestas y ejemplificó: "Es como que los catamarqueños vayamos a cortar el puente Avellaneda en Buenos Aires por la contaminación del Riachuelo".
Por último, manifestó que los que reclaman tienen que reconocer que viven en una provincia minera,
"La Gobernadora está trabajando para que sea de la mejor forma. Hay que seguir hablando y dialogar, el futuro de Catamarca depende de las empresas mineras", finalizó.
El intendente de la Capital, Raúl Jalil, manifestó que no se puede discutir que Catamarca es una provincia minera.
El jefe comunal defendió la minería y argumentó que, "de todas las actividades, es la única que cuenta con una ley especial de impacto ambiental".
Aademás se solidarizó con sus pares de las localidades del norte de Belén y se mostró preocupado por la situación de los trabajadores que dependen del funcionamiento de la mina.
"Estos municipios viven de la actividad minera, y hay más de 1.200 empleados que dependen del funcionamiento de la empresa", indicó.
Jalil manifestó que el Gobierno está abierto al diálogo con los ambientalistas. En ese sentido hizo referencia a la presencia de foráneos en las protestas y ejemplificó: "Es como que los catamarqueños vayamos a cortar el puente Avellaneda en Buenos Aires por la contaminación del Riachuelo".
Por último, manifestó que los que reclaman tienen que reconocer que viven en una provincia minera,
"La Gobernadora está trabajando para que sea de la mejor forma. Hay que seguir hablando y dialogar, el futuro de Catamarca depende de las empresas mineras", finalizó.
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