viernes, 10 de febrero de 2012

Empresarios realizaron duras críticas a la Justicia provincial

Por la demora de los magistrados en resolver la situación en la ruta 40, en Belén
“Los jueces y fiscales deben garantizar los derechos constitucionales a transitar y comerciar ”, aseguraron.

Empresarios realizaron duras críticas a la Justicia provincial En el marco de la reunión que la gobernadora mantuvo con directivos mineros e intendentes, los representantes de la Cámara Minera de Catamarca y de la Asociación de Empresarios Mineros de Catamarca (AEMCA) manifestaron su descontento por las diferentes acciones y declaraciones de los magistados provinciales.
Luis Manuel Álvarez, de la Cámara Minera de Catamarca, enfatizó que la explotación de los recursos naturales de la provincia constituye un mandato constitucional. “Si se desea que cerremos las minas y que no se exploten los recursos, entonces debería reformarse la constitución provincial”, ironizó Álvarez.
Por otro lado, también manifestó que uno de los puntos importantes que deben tener en cuenta las empresas mineras es abrir las posibilidades para contratar no sólo mano de obra en calidad de operarios, sino también profesionales que pueden encargarse de llevar adelante la gerencia de los emprendimientos.
Por último, Álvarez realizó una dura crítica por las demoras de la Justicia local para tomar una decisión con respecto al desalojo de los integrantes de grupos antimineros que cortaban la ruta 40 sobre el departamento Belén.
“La Justicia debe garantizar como mínimo los derechos constitucionales a transitar y comerciar libremente en el territorio nacional”, expresó el presidente de la Cámara Minera. Otros representantes además estimaron que este tipo de accionar es un desestímulo para la inversión privada.
El plebiscito
Alfredo Marchiolli, de la AEMCA, coincidió con las manifestaciones de su par de la Cámara Minera y agregó que, por ser parte de un mandato constitucional, la decisión de llevar adelante la explotación de los recursos naturales del territorio provincial es una decisión que “no puede ser plebiscitada”.
Como contraparte, Marchiolli propuso que se reforme la ley del Consejo Federal de Minería, además de la creación de un listado de bienes y servicios que sólo podrán proveer empresas catamarqueñas a las mineras.
En otro sentido, el representante de la AEMCA aseguró que “todo lo que sale de suelo catamarqueño, debe ser tributado” dejando beneficios y ganancias para la provincia.
“En su momento, cuando las empresas llegaron para radicarse en Catamarca, pidieron reglas de juego justas y claras; ahora es la población de Catamarca la que exige esas mismas reglas de juego”.

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