En el Tribunal Oral Federal de Catamarca
Darío Otero Arán y Enrique Henzi Basso deberán purgar penas de 12 y 9 años. Ruiz, Mujica y Ripoll del Pino fueron absueltos.
Darío
Otero Arán y Enrique Henzi Basso fueron condenados ayer en el Tribunal
Oral Federal de la provincia a purgar la pena de 12 y 9 años de prisión
respectivamente. Ambos exrepresores fueron declarados culpables por las
desapariciones forzosas de Nelly Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos,
Griselda y Francisco Ponce.
En el marco de un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, en una audiencia repleta de familiares tanto de las víctimas de la última dictadura cívico-militar como de los exrepresores, se llevó a cabo la última jornada de debate, de la que resultaron absueltos por el beneficio de la duda Jorge Isaac Ripoll del Pino, Rodolfo Sergio Mujica y Carlos Ricardo Ruiz.
Momentos de tensión se vivieron en la audiencia de alegatos de la segunda parte de la causa 809 Ponce-Borda, en la que se juzgaba a los coautores materiales mediatos de los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.
Cabe destacar que en la penúltima jornada de debate tanto la fiscalía como la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para los cinco acusados, ya que sostienen que los imputados no eran sólo responsables por las desapariciones de las víctimas sino también del destino final que tuvieron.
Durante la extensa jornada de debate, que duró hasta altas horas de la tarde, el abogado Lucio Montero alegó por más de cinco horas y señaló en su discurso que en Catamarca no existió asociación ilícita alguna y que no había centros clandestinos.
El defensor de los militares Mujica, Henzi Basso y Ruiz, deslindó la responsabilidad absoluta sobre el cuerpo del ejército que en esa época operaba desde la provincia de Tucumán.
Asimismo, aseguró el letrado que las detenciones se hacían bajo el marco absoluto de la ley: “En Catamarca no había inteligencia, el oficial de inteligencia era prácticamente un ñoqui en el ejército, sus funciones e influencia eran intrascendentes en la provincia”.
Concluidos los alegatos de la defensa, la fiscalía hizo el uso del derecho a réplica, donde como conclusión aseveró duramente contra los dichos de Montero, que tildó de “mentirosos y mendaces” tanto al fiscal como a la querella.
En este sentido fue que Rafael Vehils Ruiz respondió que “la única verdad es que Catamarca, desde el año 76 y 77, cuenta con cuatro personas menos”. Al mismo tiempo, respetaba el lugar de la defensa, que trató de “defender lo indefendible”, aseverando que parcializó la prueba.
Posterior a esta instancia, los jueces concedieron la última palabra. Ruiz y Mujica (ambos absueltos) expresaron una vez más su exclusión en la causa y repudiaron los dichos de la parte acusatoria que los trataba como “traidores a la patria”.
Finalmente, los jueces declararon que los delitos juzgados son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles e inadmisibles. Declararon a Otero Arán coautor mediato intermedio por las desapariciones de las cuatro víctimas y coautor material de delitos de asociación ilícita en calidad de simple integrante, imponiéndole la pena de 12 años de prisión más el doble de la condena de inhabilitación.
En tanto, a Enrique Henzi Basso le cabe la responsabilidad, según el tribunal, de coautor mediato intermedio del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Nelly Yolanda Borda y respecto de la asociación ilícita como simple integrante, condenándolo a purgar la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial por 12 años.
Una vez cerrado el debate, se vivió un clima de tensión en el interior de la sala, que estaba fuertemente custodiada por personal de Gendarmería sobre los familiares de los acusados, ya que se escuchaban llantos y se entrecruzaban agresiones verbales por parte de ambas partes.
“Que el pueblo de Catamarca sepa que hay tres asesinos sueltos, que no se olviden que la provincia no fue una isla, hemos sufrido todos”, fueron las palabras de dolor de Fresia Borda (hermana de Nelly Borda -desaparecida-) tras conocerse la sentencia absolutoria contra tres de los cinco exrepresores acusados.
Mientras, el fiscal adelantó que analizarán los fundamentos del tribunal para evaluar recurrir al órgano revisor superior, ya que sostiene que -de acuerdo a la valoración de la prueba- hay fundamentos suficientes para creer que los cinco acusados son responsables por las desapariciones forzadas y la muerte de las víctimas del terrorismo de Estado.
En el marco de un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, en una audiencia repleta de familiares tanto de las víctimas de la última dictadura cívico-militar como de los exrepresores, se llevó a cabo la última jornada de debate, de la que resultaron absueltos por el beneficio de la duda Jorge Isaac Ripoll del Pino, Rodolfo Sergio Mujica y Carlos Ricardo Ruiz.
Momentos de tensión se vivieron en la audiencia de alegatos de la segunda parte de la causa 809 Ponce-Borda, en la que se juzgaba a los coautores materiales mediatos de los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.
Cabe destacar que en la penúltima jornada de debate tanto la fiscalía como la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para los cinco acusados, ya que sostienen que los imputados no eran sólo responsables por las desapariciones de las víctimas sino también del destino final que tuvieron.
Durante la extensa jornada de debate, que duró hasta altas horas de la tarde, el abogado Lucio Montero alegó por más de cinco horas y señaló en su discurso que en Catamarca no existió asociación ilícita alguna y que no había centros clandestinos.
El defensor de los militares Mujica, Henzi Basso y Ruiz, deslindó la responsabilidad absoluta sobre el cuerpo del ejército que en esa época operaba desde la provincia de Tucumán.
Asimismo, aseguró el letrado que las detenciones se hacían bajo el marco absoluto de la ley: “En Catamarca no había inteligencia, el oficial de inteligencia era prácticamente un ñoqui en el ejército, sus funciones e influencia eran intrascendentes en la provincia”.
Concluidos los alegatos de la defensa, la fiscalía hizo el uso del derecho a réplica, donde como conclusión aseveró duramente contra los dichos de Montero, que tildó de “mentirosos y mendaces” tanto al fiscal como a la querella.
En este sentido fue que Rafael Vehils Ruiz respondió que “la única verdad es que Catamarca, desde el año 76 y 77, cuenta con cuatro personas menos”. Al mismo tiempo, respetaba el lugar de la defensa, que trató de “defender lo indefendible”, aseverando que parcializó la prueba.
Posterior a esta instancia, los jueces concedieron la última palabra. Ruiz y Mujica (ambos absueltos) expresaron una vez más su exclusión en la causa y repudiaron los dichos de la parte acusatoria que los trataba como “traidores a la patria”.
Finalmente, los jueces declararon que los delitos juzgados son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles e inadmisibles. Declararon a Otero Arán coautor mediato intermedio por las desapariciones de las cuatro víctimas y coautor material de delitos de asociación ilícita en calidad de simple integrante, imponiéndole la pena de 12 años de prisión más el doble de la condena de inhabilitación.
En tanto, a Enrique Henzi Basso le cabe la responsabilidad, según el tribunal, de coautor mediato intermedio del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Nelly Yolanda Borda y respecto de la asociación ilícita como simple integrante, condenándolo a purgar la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial por 12 años.
Una vez cerrado el debate, se vivió un clima de tensión en el interior de la sala, que estaba fuertemente custodiada por personal de Gendarmería sobre los familiares de los acusados, ya que se escuchaban llantos y se entrecruzaban agresiones verbales por parte de ambas partes.
“Que el pueblo de Catamarca sepa que hay tres asesinos sueltos, que no se olviden que la provincia no fue una isla, hemos sufrido todos”, fueron las palabras de dolor de Fresia Borda (hermana de Nelly Borda -desaparecida-) tras conocerse la sentencia absolutoria contra tres de los cinco exrepresores acusados.
Mientras, el fiscal adelantó que analizarán los fundamentos del tribunal para evaluar recurrir al órgano revisor superior, ya que sostiene que -de acuerdo a la valoración de la prueba- hay fundamentos suficientes para creer que los cinco acusados son responsables por las desapariciones forzadas y la muerte de las víctimas del terrorismo de Estado.
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