Los prostíbulos clausurados en Belén siguen funcionando

LO CONFIRMARON DESDE LA ONG NO A LA TRATA, QUIENES PIDIERON LA INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA ORDINARIA

Tras la denuncia por la supuesta red policial de trata de personas, la ONG continuó trabajando.

PRESENTACIÓN. SE REALIZÓ EN LA JUSTICIA ORDINARIA DE BELÉN.

Según se confirmó desde la ONG No a la Trata, que está presidida por la comisario Ana María Contreras, quien denunció en 2014 la posible red policial de encubrimiento del delito de trata de personas en la provincia y que la Cámara de Apelaciones Federal ordenó investigar el martes, los prostíbulos que fueron clausurados en el departamento Belén y que generaron polémica "continúan funcionando”.

En este contexto, confirmaron que el año pasado se le pidió a la justicia ordinaria del departamento que actué de oficio y vuelva a cerrarlos, al menos en los ámbitos que le podía competer, "porque la justicia federal no hacía nada”, pero esto no sucedió.

Tras la difusión del dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones, en el que se ordena que se investigue en profundidad una posible red de policías relacionados con la trata de personas, desde la ONG agradecieron el apoyo y contaron que su trabajo continuó y hasta se intentó recurrir a la justicia ordinaria, en vista de que la federal había desestimado el pedido.

Así, explicaron que en agosto del año pasado concretaron un escrito denominado "Amicus Curiae" y lo presentaron a la justicia de Belén. En el escrito y atentos a "los prostíbulos que habían sido clausurados y seguían funcionando”, señalaron jurisprudencia y normas que podían ser utilizadas por el ámbito para poder prevenir el delito de trata de personas y cerrar definitivamente estos centros, que pese a haber sido clausurados seguían en funcionamiento.

Básicamente y teniendo en cuenta el testimonio de médicos del lugar y de zonas aledañas, que hablaban de un fuerte aumento de nacimiento de niños con VIH y del incremento de enfermedades venéreas que relacionaban directamente con el funcionamiento de estos centros clandestinos, se sumaron leyes como la 12.331, que establece la obligatoriedad del Estado en el combate de enfermedades venéreas como una emergencia de salud pública.

No obstante, al parecer el escrito no fue tenido en cuenta. "Tenemos videos y fotografías que muestran que los prostíbulos siguen funcionando, pero el encubrimiento que denunciamos continúa por lo que no nos extraña que nadie actúe”, aseguraron.