La Provincia se constituyó como querellante particular en las
causas que la Justicia lleva adelante por los bloqueos antimineros que
grupos de ambientalistas realizan en la ruta 60 desde febrero de este
año.
El fiscal de Estado, Marcos Denett, informó que la presentación se realizó por mandato de la gobernadora, Lucía Corpacci, y tras analizar aspectos técnicos que fundamentan la intervención del Estado. "Se debatió con los abogados de la Fiscalía de Estado para analizar la legitimación de que la Provincia intervenga en esto, porque en definitiva la presentación de la Fiscalía es la del Gobierno. Los abogados están en Tinogasta haciendo todas las presentaciones", explicó el funcionario.
Denett cuestionó los reclamos de grupos ambientalistas y aseguró que casi en su totalidad los integrantes provienen de otras provincias. "Vienen de otros lados con fines espurios y llevan adelante esta movida perjudicando a la Provincia y eso no lo vamos a permitir", señaló. Además, apuntó a la Justicia y manifestó que va a "exigirle que se haga cargo de las responsabilidades que le correspondan".
En el marco de las causas, explicó, hay más de 50 personas individualizadas. "Vamos a querellarlos uno por uno y vamos a trabajar activamente con la Fiscalía de Instrucción de Tinogasta a los fines de que el delito cometido no tenga consecuencias ulteriores", dijo.
Denett recordó que la medida adoptada por ambientalistas no solo obstaculizó el tránsito terrestre, sino que también afectó a la autoridad y al orden institucional, ya que cuando la Justicia "de forma pacífica" les notificó que debían liberar la ruta no lo hicieron.
Finalmente, respondió a las acusaciones de la fiscal de Tinogasta, Silvia Álvarez, quien aseguró que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de actuar en los bloqueos. El funcionario consideró que se trata de “manifestaciones desafortunadas”. "Acá si hay alguien que es respetuoso de la Constitución y del estado de derecho es este Gobierno. Existen las actuaciones judiciales de esta denuncia, y al tomar estado judicial es consecuencia única y exclusiva de la Justicia", acotó.
Agregó que los fiscales que llevan adelante la investigación no respetaron el Código Procesal Penal de la Provincia, que establece que la investigación tiene que evitar que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores. "Acá las consecuencias están claramente determinadas, porque no solo se afectó al tránsito nacional, provincial e internacional, sino también la ciudadanía en general", concluyó.
El fiscal de Estado, Marcos Denett, informó que la presentación se realizó por mandato de la gobernadora, Lucía Corpacci, y tras analizar aspectos técnicos que fundamentan la intervención del Estado. "Se debatió con los abogados de la Fiscalía de Estado para analizar la legitimación de que la Provincia intervenga en esto, porque en definitiva la presentación de la Fiscalía es la del Gobierno. Los abogados están en Tinogasta haciendo todas las presentaciones", explicó el funcionario.
Denett cuestionó los reclamos de grupos ambientalistas y aseguró que casi en su totalidad los integrantes provienen de otras provincias. "Vienen de otros lados con fines espurios y llevan adelante esta movida perjudicando a la Provincia y eso no lo vamos a permitir", señaló. Además, apuntó a la Justicia y manifestó que va a "exigirle que se haga cargo de las responsabilidades que le correspondan".
En el marco de las causas, explicó, hay más de 50 personas individualizadas. "Vamos a querellarlos uno por uno y vamos a trabajar activamente con la Fiscalía de Instrucción de Tinogasta a los fines de que el delito cometido no tenga consecuencias ulteriores", dijo.
Denett recordó que la medida adoptada por ambientalistas no solo obstaculizó el tránsito terrestre, sino que también afectó a la autoridad y al orden institucional, ya que cuando la Justicia "de forma pacífica" les notificó que debían liberar la ruta no lo hicieron.
Finalmente, respondió a las acusaciones de la fiscal de Tinogasta, Silvia Álvarez, quien aseguró que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de actuar en los bloqueos. El funcionario consideró que se trata de “manifestaciones desafortunadas”. "Acá si hay alguien que es respetuoso de la Constitución y del estado de derecho es este Gobierno. Existen las actuaciones judiciales de esta denuncia, y al tomar estado judicial es consecuencia única y exclusiva de la Justicia", acotó.
Agregó que los fiscales que llevan adelante la investigación no respetaron el Código Procesal Penal de la Provincia, que establece que la investigación tiene que evitar que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores. "Acá las consecuencias están claramente determinadas, porque no solo se afectó al tránsito nacional, provincial e internacional, sino también la ciudadanía en general", concluyó.
Artesanos realizaron un corte en la ruta 47
Un grupo de artesanos de Andalgalá realizaba hasta ayer un
corte de ruta a la altura del kilómetro 125 camino a Minas Capillitas,
en la ruta 47, por el faltante de rodocrosita.
Walter Diamante, referente de la cooperativa de artesanos GEMA, denunció que la empresa SOMICA DEM les entrega piedra de muy baja calidad y con altos costos que no les permiten competir a nivel nacional. “Desde que asumió el señor (David) De la Barrera subieron abruptamente los precios y bajó la calidad”, aseguró Diamante. "Un producto que vendían en 12 pesos, hoy lo comercializan en 46 aproximadamente", dijo.
El interventor de la empresa, De la Barrera, aclaró que el miércoles se modificó una partida del material entregado a los artesanos, ya que la consideraban de baja calidad. El funcionario reconoció que hubo un incremento en los costos del material, pero estimó que la suba no afectó a los artesanos.
Explicó que el precio del kilo de rodocrosita es de 71 dólares más el 21% de IVA y un 10% más de hoja de ruta para el transporte del mineral. Sin embargo, aclaró que los artesanos no pagan IVA ni costo de hoja de ruta. "A ellos se les entrega la piedra en consignación, por lo que si no la venden se le renueva el cupo. El costo para artesanos es de 30 y 20 dólares el kilo. Los estamos subsidiando para que tengan un beneficio económico", concluyó.
Walter Diamante, referente de la cooperativa de artesanos GEMA, denunció que la empresa SOMICA DEM les entrega piedra de muy baja calidad y con altos costos que no les permiten competir a nivel nacional. “Desde que asumió el señor (David) De la Barrera subieron abruptamente los precios y bajó la calidad”, aseguró Diamante. "Un producto que vendían en 12 pesos, hoy lo comercializan en 46 aproximadamente", dijo.
El interventor de la empresa, De la Barrera, aclaró que el miércoles se modificó una partida del material entregado a los artesanos, ya que la consideraban de baja calidad. El funcionario reconoció que hubo un incremento en los costos del material, pero estimó que la suba no afectó a los artesanos.
Explicó que el precio del kilo de rodocrosita es de 71 dólares más el 21% de IVA y un 10% más de hoja de ruta para el transporte del mineral. Sin embargo, aclaró que los artesanos no pagan IVA ni costo de hoja de ruta. "A ellos se les entrega la piedra en consignación, por lo que si no la venden se le renueva el cupo. El costo para artesanos es de 30 y 20 dólares el kilo. Los estamos subsidiando para que tengan un beneficio económico", concluyó.
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