El Gobierno será querellante en la causa por el “negocio del hambre”

Se investigan las compras directas realizadas por Desarrollo Social por más de 27 millones entre 2002 y 2003.

Hay varias causas judiciales, entre las cuales están algunas públicamente muy conocidas, que siguen varadas en medio del laberinto judicial pero, de cuando en cuando, tienen algún movimiento.
Una de ellas remite a hechos ocurridos en el año 2003, los que dieron nacimiento a lo que se llamó “compras directas” o “negocio del hambre”. Se trataba de adquisiciones desmesuradas y muchas de ellas simuladas que, en tiempos que la crisis económica azotaba al país y a la provincia, hacía el Estado permitiendo recaudar -a través de un grupo de empresas altamente sospechadas- dinero fresco para la política.
Querellante
El Gobierno provincial, a través de Fiscalía de Estado, se constituirá en querellante particular y actor civil en la megacausa. Lo hará para investigar las exorbitantes como inmateriales compras directas realizadas por el área de Desarrollo Social al amparo del polémico decreto 1.544, de aquella época, que elevó el monto máximo para este tipo de operaciones de emergencia a 350 mil pesos
La investigación, cabe destacarlo, pasa por la participación de un pool de empresas privilegiadas que, con la anuencia de los funcionarios de turno, facturaron más de 27 millones de pesos entre 2002 y 2003, supuestamente para paliar la emergencia alimenticia que azotaba la provincia.
Un grupo de abogados que prestan servicios en el Estado arrimará en los próximos tiempos elementos de prueba que, de alguna manera, apuren a la Justicia, que sigue sin procesar a un solo sospechoso.
Se trata de la participación de estas empresas “todoterreno”, entre las que se cuenta una radicada en el Oeste de la provincia, propiedad del empresario Juan Carlos Tejada, cuyo crecimiento comercial en los últimos años en el departamento Belén –de allí es oriundo- resulta visiblemente desmesurado.
Curiosamente, el mismo contador que atendía las cuentas del empresario Tejada, también se ocupaba de los números de otras firmas vinculadas al “negocio del hambre”, como Comercial Total, Monte Redondo SRL, La Dorada SRL y Dominó, por lo que los abogados del Estado solicitarían al fiscal a cargo de la causa que se llame a declarar al profesional.
El contador, por lo que se sabe, delegaba el trámite de cobro a otro ex proveedor, sin advertir que éste descargaba todas las retenciones realizadas en la Tesorería General de la Provincia, con lo cual quedaba registrado que el dinero ingresaba a las cuentas de Tejada y que, incluso, desde el organismo oficial no se daba cumplimiento a la Ley de Cheques Nº 25.413, que establece que los valores superiores a los 50 mil pesos debían ser depositados en una cuenta corriente o caja de ahorro.
Desembarco
Tejada desembarcó como proveedor de Desarrollo Social durante la gestión del entonces subsecretario Sergio Figueroa, quien junto a su colaborador José “Pepe” Moreno, firmaba los remitos de entrega de mercadería, tarea que usualmente es delegada a los encargados de depósito.
Documentación vinculada a esa gestión de Desarrollo Social (la de Figueroa) será entregada a la Justicia, como el caso de remitos originales firmados por José “Pepe” Moreno, por la venta de alimentos sin que se consignen, por ejemplo, peso por unidad, marca, etc. Tal es el caso del remito de Supermercado Tejada Hnos. Nº 00000089, del 20 de diciembre de 2002, firmado por Moreno, en el que se reciben 2.500 “cajas de pan dulce por 8 unidades c/u” sin especificar marca ni peso por unidad.
Asimismo, existen remitos por montos ínfimos de la misma firma que curiosamente eran firmados por un funcionario de alto rango como Figueroa. Es el caso del Nº 001-00000141, de fecha 16 de diciembre de 2012, en el que se consigna la entrega de varios alimentos por la exigua suma de $495,85.
La línea de investigación apunta a demostrar que durante el festival de compras directas que permitió el decreto 1.544, encubrió una presunta venta de facturas, es decir, el circuito en el cual no existían físicamente los alimentos, medicamentos o materiales de construcción, sino solamente papeles y dinero, con el único objetivo de acercar fondos para fines estrictamente electorales del ex Frente Cívico y Social.
La modalidad de las compras directas, por su ágil trámite y cobro, continuó más allá de la gestión de Figueroa al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Sólo cambiaron los nombres de las empresas y los titulares de las mismas.

Obregón

La Cámara Federal condenó hace 25 días atrás a Jorge Obregón, quien también está implicado en la cuestión de los “negocios del hambre”, las empresas o facturas truchas y las ventas irregulares. Lo hizo por evasión al fisco, más concretamente por haber eludido el pago del IVA. Obregón es primo hermano de Edgardo Bulacios, uno de los principales operadores de las ventas de productos al Estado y persona íntimamente relacionada con el ex ministro de Economía del Frente Cívico, Jorge Grecco.

Brandán

El ex diputado Hugo Brandán fue, durante varios años, el hombre sindicado por la prensa como el mayor responsable de las supuestas irregularidades que se habrían cometido con las llamadas “compras directas”. Más allá de las responsabilidades que le puedan caber, queda claro que hay otros funcionarios que también deben dar cuentas de sus actos, varios de ellos -como se desprende de la nota central- antecesores de Brandán en el cargo de subsecretario de Desarrollo Social.

Belén: querella en causa contra funcionarios de “Telchi Ríos”

Los abogados Carlos Gabriel Romero y la doctora María Lorena Varela, en representación de la Fiscalía de Estado de la Provincia, se constituyeron como querellantes particulares en la causa que se sigue contra ex funcionarios de la gestión del intendente del Frente Cívico y Social, Daniel “Telchi” Ríos, Julio César Barragán, y César Hugo Romero.
El 19 de marzo pasado, el intendente de la ciudad de Belén, José Arnoldo Ávila, realizó una denuncia penal contra los ex funcionarios frentistas relacionada al faltante de algo más de treinta y tres mil doscientos pesos que fueron percibidos por el municipio, en su carácter de agente de retención del impuesto a los ingresos brutos que cobra la Administración General de Rentas de la Provincia de Catamarca.
La suma mencionada surge de la retención del impuesto a los ingresos brutos que cobró la Administración General de Rentas al contribuyente durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2011 hasta el día 10 de diciembre del mismo año, fecha en el que culmina el mandato del ex intendente Ríos.
Según se indicó desde la comuna, “se trata de una suma parcial faltante” y se insistió en que “al finalizar la gestión anterior, quedó en la cuenta de Regalías Mineras una suma de dinero perteneciente al municipio de Belén, pero de ninguna manera puede tomarse ese flujo de dinero para compensar el gasto que se hiciera ilegalmente de los retenidos por el municipio, y que son de propiedad de la Administración General de Rentas de la Provincia de Catamarca.
El monto de dinero ingresado a la comuna no puede ser gastado y después compensado con dinero que en futuro se reciba en concepto de regalías Minera, Fondo Solidario Federal y/o Coparticipación”, insistieron desde la comuna.
Al momento de presentar la denuncia, el mismo fiscal de Estado, Marcos Denett, viajó a Belén para reunirse con el intendente.
En la oportunidad, había anticipado que se efectuaría la presentación judicial ante la fiscalía de instrucción y que la Fiscalía se pondría a disposición para trabajar en un hecho que “en principio surge como una grave irregularidad y pasible de ser encuadrada en una acción delictiva.