Catamarca será querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad

En el primer debate por crímenes de la dictadura, la querella había estado representada por la Secretaría de DD.HH de la Nación.

La Justicia Federal resolvió que Catamarca podrá participar como querellante particular en el próximo debate oral por delitos de lesa humanidad que se realizará en la provincia, después de una presentación realizada desde Fiscalía de Estado. La causa en la que la provincia será litigante y que podría ser precedente a otros juicios de tal índole, es la que imputó a tres ex militares como los responsables del fusilamiento de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, en la emblemática causa conocida como la Masacre de Capilla del Rosario.
A pocos días de cumplirse un mes del histórico fallo emitido por el Tribunal Federal Oral de Catamarca en contra de los ex jerarcas Juan Daniel Rauzzino y Carlos Alberto Lucena, trascendió que Catamarca tendrá la facultad de intervenir como querellante en las próximas causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar instalada en el territorio provincial.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Esquiú.com, la presentación fue realizada la semana pasada por dos letradas que pertenecen al cuerpo de abogados de Fiscalía de Estado, ante la Justicia Federal de Catamarca. En dicha resolución, emitida por el juez Ricardo Antonio Moreno, se comunicó que, efectivamente, la provincia fue aceptada para intervenir como querellante en causas en las que se investigan graves violaciones a los Derechos Humanos en épocas del último gobierno militar, puntualmente por una causa previa a la dictadura, pero con vejaciones consideradas como delitos de lesa humanidad.
Si bien la medida fue aprobada por el Juzgado Federal de Catamarca y notificada a las partes intervinientes en la causa de Capilla del Rosario, elevada a juicio poco después del histórico fallo contra Lucena y Rauzzino, la resolución aún puede ser apelada por la defensa de los imputados Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, como así también por el fiscal federal.

Estado de Derecho

Según lo que detallaron desde Fiscalía de Estado, a partir de esta intervención, “se refleja la vocación del Gobierno Provincial de defender no sólo los Derechos Humanos, sino fundamentalmente la vigencia del Estado de Derecho”.
Durante el primer proceso que juzgaba la participación de ex represores durante el periodo militar en la provincia de Catamarca, iniciado el 23 de abril pasado, y en el que el Tribunal Oral Federal calificó a los hechos como “constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, las querellas estuvieron representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el ex director de Derechos Humanos de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, en nombre de la familia de la desaparecida Nelly Yolanda Borda.
Ya durante su corta gestión, el abogado había manifestado la necesidad de promover a la provincia como querellante de tales delitos. Pero es recién ahora, a partir de la presentación de dos abogadas, que se avanzó en la diligencia judicial.