A la Justicia
Rubricado por la empresa estatal Camyen y la firma internacional
Presentó una acción de amparo por mora ante la Corte para que obligue a los directivos a responder los pedidos de informes.
El
bloque de diputados del Frente Cívico y Social presentó ayer una acción
de amparo por mora en la Corte de Justicia, ante la falta de respuesta
por parte de los organismos oficiales a los pedidos de informes
realizados para conocer los alcances del contrato firmado entre la
Camyen y Yamana Gold para la exploración del yacimiento Cerro Atajo.La diputada Marita Colombo, presidenta del bloque, señaló que este es un tema que el gobierno viene dilatando y “es una cuestión que nos urge saber, porque hay un contrato que está en marcha y del cual desconocemos absolutamente sus términos. Lo que se conoce es lo que ha transcendido por la prensa pero no es información oficial”, afirmó.
Comentó que en la sesión de Diputados, que se levantó por falta de quórum, iban a pedir el tratamiento preferencial del proyecto de ley que prevé la creación de la Comisión Bicameral para el control de la empresa minera provincial, que ya cuenta con despacho de comisión. “Les advertí que iba a pedir el tratamiento pero en forma presurosa levantaron la sesión”, se quejó.
Colombo sostuvo que el bloque del FCS hizo tres planteos posibles. Uno a través de sus legisladores con pedidos de informes que fueron remitidos a la Camyen y a la secretaría de Minería, los cuales no fueron respondidos. Además, presentó un proyecto para la creación de la Comisión Bicameral para el control de la empresa.
En tanto, en la faz administrativa, en el mes de abril remitió una nota al presidente de la empresa minera, Daniel Isi, en el marco de la ley de Acceso a la Información Pública, para que en un plazo de 45 días hábiles mande la copia del contrato. “Ha pasado este plazo, que esperamos pacientemente y que se venció en el mes de junio, y no cumplieron”, detalló.
Frente a esta situación, dijo que en la jornada de ayer presentaron ante la Corte de Justicia una acción de amparo por mora. “Hay antecedentes que indican que tomando como base la ley de acceso a la Información Pública N° 5336, que establece que el funcionario al que se le requiere información tiene el deber de brindarla en el acto si es posible, si no en un plazo de 30 días para que responda. Si no lo hace por algún motivo fundado, puede pedir una prórroga por 45 días hábiles, a partir del pedido de información, para que responda”, explicó.
La legisladora sostuvo que ya se vencieron todos los plazos y no respondieron. “Relativizaron la importancia de nuestro planteo, que no hace otra cosa que pedir información sobre un contrato cuyo contenido no es propiedad privada del señor Isi o del vicepresidente de la Camyen, sino del pueblo de Catamarca. Nosotros como legisladores y los ciudadanos tienen el derecho a pedir información”, denunció.
Responsabilidad del Estado
El bloque del FPV tenía previsto pedir en la sesión de ayer el tratamiento preferencial de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26944 de Responsabilidad del Estado. Esto a partir de que con el nuevo Código Civil, todo lo que es responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, pasa a ser materia de derecho público.
Además, iba a solicitar el tratamiento preferencial del proyecto, con media sanción, de la Reforma Parcial de la Constitución.
Confusión entre legislativos
Un grupo de 350 empleados de la cámara baja provincial continuará percibiendo sus haberes en el Banco Nación, ya que están ligados a la entidad por préstamos personales o el uso de la tarjeta Bancat y Nativa. “Se van a quedar en el banco hasta resolver esta situación. No queremos perjudicar a nadie”, afirmó el presidente del cuerpo, Marcelo Rivera.
A partir de la decisión tomada de que el Banco Hipotecario sea el nuevo agente financiero del organismo, surgieron dudas entre los más de mil empleados, sobre si el sueldo de julio cobrarán en la nueva entidad.
Pero ante el planteo del gremio por este motivo, se determinó que aquellos que cuentan con préstamos sigan con Nación, aunque contarán con su cuenta sueldo en el Hipotecario sin costo alguno. Rivera aclaró que la decisión se tomó por el pedido de algunos legisladores y no es una cuestión personal.
“Lo que ocurre es que está desbordado y tiene que atender a miles y miles de clientes que concurren en fecha de cobro, lo que imposibilita un trato normal”, subrayó. Y aclaró que aquellos que tengan crédito con la entidad se van a quedar en el banco hasta resolver esta situación. “Son alrededor de 350 legislativos. Nosotros no queremos perjudicar a nadie”, acotó. El Esquiu
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