Agravio en pueblo chico

Editorial de diario El Ancasti
Quien no conozca cómo son las cosas en las localidades del interior, sobre todo las más distantes, no puede darse una idea cabal de la importancia que tienen los intendentes municipales para las comunidades, en que prácticamente todo, directa o indirectamente, depende de los jefes comunales.
Si el Intendente lo dispone, hay posibilidades de un puesto de trabajo para el padre, la madre o los hijos mayores. Un lugar rentado en el municipio se ve, allá, como la máxima aspiración laboral a que pudieran aspirar. Si una familia que no exceda lo mínimamente necesario para comer debe afrontar un inesperado problema de salud, forzosamente debe acudir al área municipal en busca de algún auxilio económico. El vecino de estos pueblos sabe que debe ser extremadamente prudente con lo que dice. Los que gobiernan suelen estar demasiado atentos al rumor politiquero, de modo que en situaciones especiales no hace falta ya sobreactuar ninguna adhesión electoral porque quien distribuye las providencias conoce a todos desde hace años.
Y lo mismo ocurre si muere alguien. Los deudos volverán a necesitar de la asistencia municipal. Y otro tanto ocurrirá ante la urgencia de un viaje imprevisto, o en tiempo de sequía o de crecientes. Decir que toda la vida de dichas poblaciones depende de la palabra del Intendente puede parecer exagerado, pero la verdad, si no es esa, anda muy cerca.
Pero, en ocasiones muy contadas, la sintonía entre las comunidades y su Intendente se rompe. Al menos con un sector, que se defiende con su palabra, con la que lleva el caso de su rebeldía al conocimiento público -el del pueblo y de toda la provincia- y al de la Justicia, todo lo cual entraña una realidad que infaliblemente recogerá la historia lugareña por su pasmosa novedad.
En el municipio de Puerta de Corral Quemado, departamento Belén, una madre denunció a su jefe municipal por -así dijo- haber abusado sexualmente de una hija menor. Siguieron, después, marchas de vecinos en contra del denunciado y el Gobierno de la Provincia fue de opinión que el cuestionado haría bien con apartarse de su función por medio de una licencia hasta tanto cediera la resistencia. El Intendente permaneció en su puesto y  acaba de producir un nuevo incidente: dio de baja a una decena de contratados -con remuneración de apenas $1.300- pretextando falta de fondos. La casualidad quiere que los desligados de la Municipalidad sean todos vecinos que acompañaron a los familiares de la supuesta víctima de abuso en las manifestaciones pasadas, y que contaban para su subsistencia y la de su familia con esos únicos ingresos.
Véase lo que significa, en aquellas localidades, defenderse de injusticias y agravios provenientes desde el poder. Y no de cualquier agravio, sino de los que afectan a la persona que es una hija y al honor de otras con los derechos que tiene todo ser humano y, particularmente, las mujeres. Ofensa, por otra parte, proveniente, según se denuncia, de quien debe ser en su jurisdicción de gobierno, sostén, ejemplo moral, constructor del bien de todos, custodio del orden humano y promotor del progreso ciudadano