FALLO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Además, se notificará a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por facturas apócrifas.
Condenaron al Intendente a reintegrar una suma millonaria.
Condenaron al Intendente a reintegrar una suma millonaria.
El Tribunal de Cuentas emitió dos fallos por los cuales le ordenan al intendente de Belén, Daniel "Telchi” Ríos, reintegrar a la Hacienda la suma total de $2.021.968. A la vez, el organismo pondrá en conocimiento de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública para que ésta investigue supuestos hechos vinculados con facturas apócrifas.
El TC dio su fallo luego de analizar las rendiciones de cuentas por parte del jefe comunal correspondiente a los primeros semestres de 2010 y de 2011 -de la anterior gestión de Ríos en el municipio-.
Para la primera mitad de 2011, el organismo de contralor condenó por mayoría de votos (disintió el presidente) a Ríos y a los por entonces funcionarios Julio Barragán (secretario de Hacienda), César Hugo Romero (tesorero) y Liliana del Valle Rivas (contadora general) a reintegrar $1.264.885.
La sanción se debe a que no se proporcionó documentación que respalde los egresos contables. Si bien en un primer momento hubo respuesta, ésta "no incluye los egresos registrados en Libro Banco de una cuenta corriente”. Esto motivó a formular reparo por $910.547.
Ante esta situación, los responsables afirmaron que "la totalidad de los egresos registrados y asentados estaban documentados”, que fueron entregados a quienes asumían como autoridades municipales y que ello constaba en el acta de Cambio de Responsables.
El TC evaluó que, si bien hubo un descargo, éste "no subsana el mismo” (sic), puesto que "no se incorporaron elementos nuevos”, ya que en la copia de las actas "no obra ningún detalle”.
En el fallo, el TC analizó un contrato del municipio con la firma Tierra del Valle SRL, empresa que alquilaba equipamiento vial. Aquí fue donde el Tribunal entendió pertinente notificar a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por supuesta maniobra ilegal. Sucede que "cada uno de los contratos prevé como condición para su pago la certificación de horas efectivamente trabajadas a realizar por el encargado de la obra”, las que no "obran en los expedientes que las certifique”.
Además, se corroboró que los comprobantes rendidos por el municipio como respaldo de los servicios recibidos por la firma fueron informados por ésta "con idéntica numeración” a Rentas de la provincia. Allí, aparecían "facturados a otros beneficiarios”.
Para el caso, se expidieron tres al municipio de Antofagasta de la Sierra (por $37.500, $30.000 y $46.800) y uno a la comuna de Valle Viejo (por $149.988).
Además, se verificaron otros comprobantes rendidos por el municipio belicho como respaldo de los servicios recibidos por Tierras del Valle. Sin embargo la empresa declaró en Rentas otros beneficiarios, por lo que se dudó "de la autenticidad de los mismos, presumiéndolos apócrifos”. Así las cosas, se formuló reparo por $ 352.850.
En cuanto al primer semestre de 2010, el Tribunal falló por mayoría (con la disidencia del presidente) a devolver un monto de $757.083. A este monto se llega por el faltante de documentación sobre el libro de caja y libro de bancos de las cuentas corrientes.
Sobre el libro de caja, la gran mayoría -15- corresponde a los haberes de becados a marzo del 2010 y al complemento salarial para mayo. Luego del descargo, se dejaron de lado dichos conceptos, pero se avanzó en otras erogaciones sobre las cuales "no se aportaron nuevos elementos ni documentación que acredite”. La cifra para ello fue de $89.318, "importe que surge de detraer 394.161 correspondiente a los haberes y complemento salarial”.
En este periodo también aparece la firma Tierras del Valle SRL. En el estudio, se detectó que algunos comprobantes poseían falencias como numeración continua de las facturas y tipo de servicio facturado. Por éste, se aplicó el cargo de $201.500.
En tanto, se observó a la empresa Silvera Hnos. Por la ausencia de antecedentes probatorios en el monto rendido, se formularon cargos por $49.280. Por último, el fallo incluye los pagos a la firma Artículos Rurales: si bien en el descargo del municipio señala la existencia de pruebas, al no haber sido agregados oportunamente subsiste la carencia legal que impide establecer la legalidad y legitimidad del gasto. Para con esta empresa se formuló un cargo por $22.823.
El TC dio su fallo luego de analizar las rendiciones de cuentas por parte del jefe comunal correspondiente a los primeros semestres de 2010 y de 2011 -de la anterior gestión de Ríos en el municipio-.
Para la primera mitad de 2011, el organismo de contralor condenó por mayoría de votos (disintió el presidente) a Ríos y a los por entonces funcionarios Julio Barragán (secretario de Hacienda), César Hugo Romero (tesorero) y Liliana del Valle Rivas (contadora general) a reintegrar $1.264.885.
La sanción se debe a que no se proporcionó documentación que respalde los egresos contables. Si bien en un primer momento hubo respuesta, ésta "no incluye los egresos registrados en Libro Banco de una cuenta corriente”. Esto motivó a formular reparo por $910.547.
Ante esta situación, los responsables afirmaron que "la totalidad de los egresos registrados y asentados estaban documentados”, que fueron entregados a quienes asumían como autoridades municipales y que ello constaba en el acta de Cambio de Responsables.
El TC evaluó que, si bien hubo un descargo, éste "no subsana el mismo” (sic), puesto que "no se incorporaron elementos nuevos”, ya que en la copia de las actas "no obra ningún detalle”.
En el fallo, el TC analizó un contrato del municipio con la firma Tierra del Valle SRL, empresa que alquilaba equipamiento vial. Aquí fue donde el Tribunal entendió pertinente notificar a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por supuesta maniobra ilegal. Sucede que "cada uno de los contratos prevé como condición para su pago la certificación de horas efectivamente trabajadas a realizar por el encargado de la obra”, las que no "obran en los expedientes que las certifique”.
Además, se corroboró que los comprobantes rendidos por el municipio como respaldo de los servicios recibidos por la firma fueron informados por ésta "con idéntica numeración” a Rentas de la provincia. Allí, aparecían "facturados a otros beneficiarios”.
Para el caso, se expidieron tres al municipio de Antofagasta de la Sierra (por $37.500, $30.000 y $46.800) y uno a la comuna de Valle Viejo (por $149.988).
Además, se verificaron otros comprobantes rendidos por el municipio belicho como respaldo de los servicios recibidos por Tierras del Valle. Sin embargo la empresa declaró en Rentas otros beneficiarios, por lo que se dudó "de la autenticidad de los mismos, presumiéndolos apócrifos”. Así las cosas, se formuló reparo por $ 352.850.
En cuanto al primer semestre de 2010, el Tribunal falló por mayoría (con la disidencia del presidente) a devolver un monto de $757.083. A este monto se llega por el faltante de documentación sobre el libro de caja y libro de bancos de las cuentas corrientes.
Sobre el libro de caja, la gran mayoría -15- corresponde a los haberes de becados a marzo del 2010 y al complemento salarial para mayo. Luego del descargo, se dejaron de lado dichos conceptos, pero se avanzó en otras erogaciones sobre las cuales "no se aportaron nuevos elementos ni documentación que acredite”. La cifra para ello fue de $89.318, "importe que surge de detraer 394.161 correspondiente a los haberes y complemento salarial”.
En este periodo también aparece la firma Tierras del Valle SRL. En el estudio, se detectó que algunos comprobantes poseían falencias como numeración continua de las facturas y tipo de servicio facturado. Por éste, se aplicó el cargo de $201.500.
En tanto, se observó a la empresa Silvera Hnos. Por la ausencia de antecedentes probatorios en el monto rendido, se formularon cargos por $49.280. Por último, el fallo incluye los pagos a la firma Artículos Rurales: si bien en el descargo del municipio señala la existencia de pruebas, al no haber sido agregados oportunamente subsiste la carencia legal que impide establecer la legalidad y legitimidad del gasto. Para con esta empresa se formuló un cargo por $22.823.
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