Páez promulgó la ordenanza antiminera y la consideró "legal"

EXPLICÓ QUE "HAY MUCHA DESINFORMACIÓN" SOBRE LA NUEVA NORMA MUNICIPAL

Señaló que 'el desarrollo no puede ser a cualquier costo', y dijo que recibió el respaldo de varios legisladores nacionales, aunque no los nombró.

ALEJANDRO PÁEZ, INTENDENTE DE ANDALGALÁ FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

El intendente de Andalgalá, Alejandro Páez (FCS), confirmó que promulgó la ordenanza antiminera aprobada días atrás en el Concejo Deliberante. Señaló que "hay mucha desinformación al respecto" y aclaró que la prohibición solo incluye a los proyectos ubicados en cercanías de la cuenca del Río Andalgalá. Admitió que la suya es "una postura complicada" y dijo que se consideró a la ordenanza legal "porque actúa según manda nuestra Carta Orgánica".

En diálogo con Radio Ancasti, el jefe comunal explicó que la ordenanza fue promulgada y detalló que "no prohíbe la minería dentro de toda la jurisdicción de Andalgalá, sino la actividad a cielo abierto en cercanías de la cuenca del Río Andalgalá". "Tiene como prioridad la protección del medio ambiente. La cuenca hídrica que se tiene en cuenta es la que abastece a Andalgalá, por eso no se consultó a la Municipalidad de Aconquija", dijo.

En ese sentido, defendió la actuación de los concejales y explicó que el CD debe actuar "con las facultades que le da la Carta Orgánica".

"Una de las cuestiones básicas de la COM es la preservación del ambiente. Esto no es un hecho caprichoso, no es que los concejales se levantaron un día con ganas de aprobar esto, sino que hay una serie de cuestiones y precedentes. La falta de información pública sobre cuestiones ambientales y la falta de efectivización de acciones al respecto hicieron que se llegue a esta instancia", sostuvo.

Consultado sobre cuál será la postura del municipio en el caso de que un futuro informe de impacto ambiental le dé el visto bueno a Agua Rica, explicó que la decisión tomada es "en base a la realidad de hoy". "Creemos que las condiciones para la explotación de Agua Rica no están dadas. Algo básico para el desarrollo sustentable es la participación de las comunidades a través de las audiencias públicas. Las comunidades, sea cual fuera la actividad industrial, deben participar en su autorización. Lo planteé en la reunión que tuvimos con los gobernadores (con relación al encuentro realizado en mayo, cuando se analizó la encíclica papal "Laudato si")", agregó.

Páez dijo que los concejales "tuvieron la experiencia de la omisión de respuestas por parte de los organismos oficiales sobre el cierre de mina de Bajo La Alumbrera". Comentó que se realizaron audiencias en otros departamentos y que nunca llegaron a Andalgalá. "Para los concejales, si ante el cierre de semejante proyecto no tenemos información, menos podemos permitir la explotación de otro similar".

En el mismo sentido, negó que la ordenanza se convierta en un antecedente negativo para la minería local. "Para que vengan inversiones se deben realizar políticas serias. Las autoridades provinciales deberán replantearse y hacer un ordenamiento para trabajar en serio, para que los futuros inversores nos vean como un Estado provincial serio y no como uno que trabaja a la chacota en estas cuestiones", dijo.

Además, aprovechó para responder las críticas del Gobierno provincial, quien lo apuntó como uno de los responsables del despilfarro de los recursos mineros. "Todas nuestras obras están siendo utilizadas por el pueblo. Echarle la culpa a un intendente por los errores de sus funcionarios es una equivocación. Estamos acostumbrados a escuchar esto. Quisiera saber a dónde fueron a parar todas las utilidades que recibió la Provincia, qué desarrollo sustentable se consiguió; o si fueron a parar a rentas generales, pago de sueldos o cosas similares", disparó.

"Mi posicionamiento no es fácil", admitió. "Es una decisión frente a múltiples intereses, pero uno lo hace convencido del resguardo de nuestra comunidad. Hablé con autoridades nacionales y provinciales; y algunos legisladores nacionales que se comprometieron a interiorizarse del tema. No solo dirigentes de izquierda. La cuestión es no atacarnos entre catamarqueños, ni producir una situación de dimes y diretes. Debe ser una toma de conciencia para barajar y dar de nuevo. Es una cuestión pura y exclusivamente ambiental", opinó.

Por último, dijo que si bien los trabajadores de Agua Rica plantean un daño laboral, "quién va a retribuirle a Andalgalá lo perdido en el caso de un daño ambiental".