NO HABRÍA MOTIVOS PARA SOLICITAR SU PRISIÓN PREVENTIVA
En las próximas horas, los 10 detenidos por los ataques a las oficinas de Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y a la sede del PJ en Andalgalá quedarían en libertad.
Sucede que ayer venció el plazo para que estas personas continúen en calidad de detenidos y como la fiscal que entiende en la causa, Marta Nieva, no encontró motivos para solicitar su prisión preventiva, quedarán libres aunque seguirán vinculados a la causa.
Sin embargo y de acuerdo con lo que pudo conocer este medio, la funcionaria judicial establecería una caución real para que estas personas puedan acceder al beneficio.
Luego de los enfrentamientos ocurridos el sábado 10 de abril, la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial dispuso durante los días siguientes el arresto de 11 personas bajo el cargo de supuestos coautores de los delitos de estrago doloso y violación de domicilio. Entre ellos, estaba el secretario de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Andalgalá Oscar Martiarene.
Con el correr de los días y por orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, quedó libre el exfuncionario municipal y una persona más, mientras se dispuso la prisión domiciliaria para otras tres personas (dos mujeres por no contar la Comisaría con un lugar especial para ellas y Aldo Flores, uno de los fundadores de la Asamblea El Algarrobo).
El inicio de la investigación estuvo a cargo de la fiscal subrogante Soledad Rodríguez, en reemplazo de Nieva, que estaba de licencia. Posteriormente, Nieva se reincorporó al cargo y se puso al frente de la causa.
Ayer y ante el vencimiento de los plazos para que estas personas sigan detenidas, la funcionaria judicial optó por solicitar su libertad al considerar que con ellos no hay ningún riesgo procesal, es decir que entorpezcan la investigación o que se fuguen del lugar. En ese marco y a pesar de que hay sospechas de que efectivamente participaron de los ataques, no hay motivos suficientes para pedir una prisión preventiva.
No obstante, estas personas seguirán ligadas a la causa y aún se espera que se realicen más pericias, como las visualizaciones de los celulares que fueron secuestrados en los diferentes allanamientos.
De igual forma, deberán hacer frente a una caución real para acceder al beneficio. Una vez que definan los bienes o dinero con los que harán frente a esta condición, quedarán libres.
Monitoreo provincial
Durante todos los días que estas personas estuvieron detenidas, organizaciones y referentes de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, partidos y dirigentes políticos, agrupaciones y militantes antimineros exigieron su libertad.
Ante esta situación, funcionarios del Gobierno provincial con el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno, a la cabeza, visitaron la ciudad de Andalgalá para reunirse con el intendente Eduardo Córdoba para analizar el panorama. También, corroboraron que los detenidos estén en instalaciones con buenas condiciones y que no esté en riesgo su salud e integridad física.
En este marco, desde Casa de Gobierno indicaron que el gobernador Raúl Jalil está "muy preocupado" por la situación de los detenidos y que sigue minuto a minuto las novedades que se producen en el marco de la causa.
Reclamo de El Algarrobo
La Asamblea El Algarrobo expresó su malestar al afirma que ayer, en un momento, no había fiscal en la causa y peligraba la liberación de los detenidos. Sucede que la fiscal Nieva había pedido licencia por el jueves y el viernes y su subrogante, Rodríguez, estaba con certificado médico.
Sin embargo y con el correr de las horas, se confirmó que Nieva solicitó suspender su licencia y estaba trabajando en forma remota desde su vivienda.
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