EL FISCAL ESTÁ ACUSADO POR IRREGULARIDADES EN LOS CONTROLES DE INGRESO
El Tribunal de Enjuiciamiento comenzó a interrogar a los primeros testigos vinculados con el hecho por el que se denunció a Flores en septiembre del año pasado. De los once testimonios que se escucharon hasta pasadas las 18, cuatro estuvieron presentes en el Salón San Martín de la Corte de Justicia y el resto lo hizo por videoconferencia desde Belén. En la jornada de ayer no se transmitió en vivo, ni se permitió el ingreso de los medios de comunicación.
Los testimonios presenciales fueron los de la secretaria de Asistencia en Salud Pública, la doctora Manuela Ávila; la jefa del Área Programática nº14 - Antofagasta de la Sierra, la doctora Eliana Gerván; el jefe del Departamento Operaciones Policiales, el comisario general Hugo Fabián Oliva; y el comisario inspector Ramón Tejeda. Por videoconferencia también prestaron testimonio el oficial Cayetano López; la jefa del Área Programática nº11, Belén, Marianela Saracho; y otros testigos aportados por cada una de las partes: José Moreno, Rubén Aybar, Guillermo Flores, Alejandro Ocampo y Sergio Gustavo Villagra.
Según pudo conocer El Ancasti, uno de los testimonios más importantes de la jornada fue el del comisario general Oliva, puesto que cumple un rol fundamental en la coordinación policial de los puestos camineros.
Para hoy está previsto que continúen los testimonios y de los 39 que se informaron aún quedan 28. La jornada comenzará a las 9.
La causa
El proceso contra Flores empezó el año pasado por la denuncia del concejal Guillermo Valdez Franco (FT) por supuestas irregularidades en los controles de ingreso del paso de camiones que serían de una empresa a su nombre en plenas restricciones por la pandemia del COVID-19. Esos camiones se dirigían a empresas mineras de Antofagasta de la Sierra.
En la denuncia, el concejal aseguró que los choferes de los camiones habían logrado sortear los controles con estudios de PCR vencidos y que producto de esta irregularidad se había producido un foco de contagios de coronavirus en Belén, que por entonces tuvo una importante suba de casos.
En aquel momento el fiscal Flores hizo declaraciones, explicó que la empresa de camiones es de su esposa, pero negó estar vinculado a los hechos. "Ellos dependen de un empresario de apellido Ocampo que tiene una importante verdulería. No tengo ninguna influencia sobre el COE Belén", dijo el funcionario entonces y aseguró que la denuncia en su contra era por "envidia". "La envidia que hay en esta sociedad es un flagelo. Acá hay dos o tres personas que quieren contaminar a la sociedad para ponerla en contra mío", dijo el funcionario.
Sin embargo, en el inicio del Jury en su contra, Flores cambió la versión y reconoció que hizo algunos llamados telefónicos a miembros del COE, pero que lo hizo como "Jorge" y no como fiscal del distrito.
El martes, en su defensa, Flores afirmó que su conducta como fiscal fue intachable y que siempre hizo cumplir la ley; y afirmó que su pedido de desplazamiento es "una cuestión política" que está motorizada por dos personas: el concejal Valdez Franco y el senador por Belén, Jorge Solá Jais, a quien acusó de solicitar públicamente su apartamiento.
Además, destacó su propia labor ante los piquetes antimineros que hubo en el departamento, al resaltar que logró destrabar el conflicto para que los camiones que iban a las minas puedan pasar, y afirmó que si es desplazado del cargo se agravará la situación en Belén por el tema minero hasta ocurrir lo mismo que sucede en Andalgalá por estos días, donde el conflicto terminó con el ataque a las oficinas de Agua Rica.
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