jueves, 4 de septiembre de 2014

Insólito cruce legislativo por el film sobre el cacique Chelemín

El FCS volvió a comisión un proyecto que proponía declararlo de interés

El peronismo acusó a los radicales de no apoyar la película por su pasado “vinculado a la dictadura”.

En medio de gritos y acusaciones cruzadas, el bloque del Frente Cívico y Social, con el acompañamiento del barrionuevismo, aprobó la vuelta a comisión del proyecto que pretendía declarar de interés al documental “El Jardín de Juan Chelemín”, porque entendía, según el diputado Víctor Luna, que dejaba “mal parada” a la oposición. El bloque del FPV se retiró del recinto, no sin antes acusar al FCS de pretender ocultar su pasado “ligado a la dictadura militar”.

La retirada del oficialismo dejaba al recinto sin quórum, por lo que la oposición hizo venir al diputado del F3P, Eduardo Pastoriza, para asegurarse los 21 legisladores y continuar con la décima quinta sesión ordinaria.

Todo comenzó cuando, al tratarse el primer punto del orden del día, la diputada Marita Colombo pidió que el proyecto de declaración de interés, de autoría de Cecilia Guerrero, vuelva a comisión, al sostener que fue por pedido de legisladores que no vieron el documental del catamarqueño Víctor Leopoldo Martínez. Es de señalar que el proyecto había obtenido despacho de comisión firmado por unanimidad.

Esta situación fue tomada por el bloque oficialista como una “medida dilatoria” del bloque del FCS para ocultar su pasado “ligado al proceso militar”. Precisamente, Guerrero sostuvo que hay “una intención de ocultar esas noches nefastas de la dictadura militar, donde algunos personeros cómplices civiles de la dictadura en la provincia se reciclaron en demócratas y no les convenía durante 20 años que el pueblo tenga memoria activa y recuerden que fue Arnoldo Castillo uno de los principales personeros del régimen de terror en Catamarca”.

Sus palabras fueron el detonante para que los radicales no ocultaran su malestar. El diputado Juan Pablo Millán recordó que fue la expresidenta Estela Martínez de Perón quien firmó el decreto “de aniquilamiento de 1500 tucumanos por las acciones subversivas”; mientras que el diputado Víctor Luna, que firmó el despacho, sostuvo que “recién anoche” (por el martes a la noche) vio el documental y agregó que “personalmente, no estoy de acuerdo con el contenido final de esta filmación, porque el director, más allá de su curriculum, ha desviado en lo que concierne a la faz política, haciendo quedar a la oposición de Catamarca como si nosotros miramos a otro costado, que no nos interesa y que no estamos compenetrados con la lucha por los derechos humanos en la provincia y en la Argentina”.

El bloque oficialista ante la negativa de la presidenta a cargo, de darle la palabra, se retiró del recinto, dejando sin quórum la sesión. Para subsanar esta situación, el arco opositor hizo venir a Eduardo Pastoriza, que había dado parte de ausente y con número estricto, continúo con el orden del día.


Marisa, amada y odiada por igual

La diputada Marisa Nóblega tuvo un debut para nada bueno como presidenta a cargo de la cámara de Diputados. Con calificativos de “autoritaria” y “arbitraria”, el bloque del FPV se retiró del recinto molesto por la negativa de la legisladora de cederle la palabra. En tanto, el FCS-F3P no escatimó elogios sobre su desempeño. Es de destacar que antes de tomar alguna decisión, Nóblega miró siempre hacia sus compañeros de la bancada radical, seguramente buscando reaseguro para sus acciones.


Código Penal Procesal

Diputados aprobó los proyectos de ley remitidos por el Senado -con media sanción-, que promueven la modificación del Código Penal Procesal, y se decidió unificar las iniciativas sobre la “Implementación de la Oralidad en el Sistema procesal Penal”, “Incorporación de nuevos institutos en el Proceso Penal: Probation inicial, juicio abreviado inicial y acusación directa” y la “Implementación de la Oralidad en el Recurso de Apelación durante el Proceso Penal”. Ahora, volverá nuevamente a la cámara alta, para revisión. La diputada Verónica Rodríguez destacó la importancia de la reforma, manifestando que supone “una mayor democratización en el servicio de Justicia”, en el que se destaca la aceleración de los procesos desde la aprehensión de un imputado en flagrante o cuasi flagrante delito hasta la instancia del debate con las garantías constitucionales nacionales y provinciales, como así también de los tratados internacionales.

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