El Gobierno Provincial, por medio del ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, y su par de Educación, José Ariza, ratificó su rechazo al proyecto de ley de modificación del nomenclador docente, que impulsa la oposición en la Legislatura provincial, por considerar que “es inviable presupuestaria y financieramente”. Se advirtió que la iniciativa “no fue consultada con el Ejecutivo” y su aprobación, “afectaría gravemente las finanzas públicas”.
El titular de la cartera económica recordó que por el artículo 149º de la Constitución Provincial, es facultad del Poder Ejecutivo la definición de la política salarial del sector público. “Somos conscientes de la necesidad de actualización salarial”, sostuvo, pero advirtió que “este debate se está llevando adelante, como corresponde, en el marco de paritarias entre los gremios docentes y el Estado provincial”. Aredes dijo que el Gobierno “apela a la razonabilidad de los diputados” para que no avancen con este proyecto de ley ya que “el incremento salarial que propone es imposible de sostener presupuestaria y financieramente para la provincia que tiene que trabajar con un criterio de equidad y razonabilidad en materia de política salarial”.
“En el primer tramo del incremento que prevé el proyecto, el aumento asciende a 28 millones de pesos mensuales. O sea que al año serían más de 300 millones. El segundo tramo alrededor de 66 millones mensuales, es decir cerca de 800 millones anuales. Y el tercer tramo del incremento sería de 180 millones de pesos mensuales, que le representaría a la provincia cerca de 2.300 millones de pesos solamente de incremento al año, cuando nosotros recibimos 500 millones de coparticipación por mes. Es imposible pagar ésto. Es un valor que esta fuera de los cánones normales”, aseguró el Ministro de Hacienda.
Aredes dijo que la Provincia dejaría de percibir 364 millones de pesos en el año, lo que implica un 70% de una coparticipación mensual que recibe la provincia, porque se afectaría al pago del incremento del salario docente.
Ariza, por su parte, dijo que “los diputados están legislando en abstracto porque la ley 4.192 que quieren modificar no está en vigencia, porque ellos mismos la derogaron” y consideró que “es un acto de hipocresía e irresponsabilidad política. No se les cae una idea y creen que con esto van a conseguir un apoyo multitudinario, pero van a terminar fundiendo a la provincia”. Denunció, además, que “se trata de una maniobra surgida en el seno del pacto FCyS-Barrionuevismo”
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