"El intendente de Puerta de Corral Quemado resquebrajó los principios del sistema democrático", fundamentó Lavatelli en la propuesta que se formalizará hoy en la Cámara baja. El diputado se amparó en un documento de la Asamblea Ni Una Menos, de Mujeres y disidencias de Catamarca, que sostiene que "las manifiestas condiciones de asimetría estructural de poder envuelven a las víctimas y sumen a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado".
El diputado destacó que el documento de la Asamblea advierte que la violencia "es alimentada por el ejercicio de espacios de poder que pone en manos de este abusador todos los recursos estatales para mantener y ocultar los delitos cometidos de naturaleza sexual contra los cuerpos de las mujeres y las infancias de la Jurisdicción de Puerta de Corral Quemado". "Ante la utilización de los recursos económicos del municipio para mantener la impunidad, la Cámara de Diputados no puede mirar para otro lado y debe utilizar todos los mecanismos institucionales y reaccionar frente a esta grave situación que genera además un desorden administrativo y financiero", advirtió el legislador.
En este sentido, consideró que la facultad de la Provincia de intervenir a la Municipalidad de Puerta de Corral Quemado "es perfectamente constitucional, y se enmarca en el artículo Nº254 que señala que la Provincia podrá intervenir los municipios por ley sancionada por los dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara, para regularizar sus finanzas cuando el Municipio no cumpliere con sus empréstitos, o los servicios públicos locales no fueren prestados adecuadamente".
En cuanto a la situación de desorden administrativo y financiero, el legislador entiende que esto es provocado por "el mal uso de los recursos económicos del municipio para tratar de encubrirse, para movilizar personas a la Capital con un manejo digno de su sentimiento de impunidad, y también con el uso del vehículo oficial de la Municipalidad para cometer el delito ultrajante de abuso sexual por el cual fue condenado".
"La medida adoptada tiene por finalidad superar la crisis institucional que provoca el desorden administrativo y alcanzar en el marco constitucional, la paz y el orden público del municipio", agregó.
El proceso
Aybar fue condenado a seis años de prisión luego de que el juez Jorge Rolando Palacios lo encontrara culpable del abuso sexual de una adolescente. El intendente se retiró sonriente, ya que se aclaró que seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme. Aybar transita su tercer mandato como intendente y mientras la condena no quede firme y no vaya a prisión, podrá concluirlo en 2023.
La causa se inició en marzo de 2013 luego que la víctima le confesara a su madre que había sido abusada sexualmente por el jefe comunal, quien antes de ser electo en el cargo había sido director de la escuela de El Durazno. Tras la denuncia, Aybar estuvo doce días privado de su libertad hasta que se le concedió la excarcelación.
El expediente tuvo varios vaivenes e inclusive Aybar estuvo a un paso de ser sobreseído en junio de 2016 cuando asumieron otros abogados en la querella y pidieron una ampliación de declaración en la que surgieron detalles que anteriormente no habían sido mencionados. La defensa del intendente entendió que había una contradicción y solicitó el sobreseimiento del intendente, y el entonces fiscal Roberto Mazzucco dejó sin efecto la elevación a juicio, aunque finalmente el juez de Control de Garantías n°3, Porfirio Acuña, rechazó el planteo y ordenó que la causa pase a otra fiscalía para que se emita un nuevo dictamen.
Fue así que el exfiscal de instrucción N° 1 Víctor Figueroa recibió el expediente y en septiembre de 2017 firmó el pedido de elevación a juicio. La causa recaló en la Cámara Penal n°3 y en octubre de 2018, el Tribunal tenía todo listo para realizar el juicio pero el acusado no pudo ser notificado por lo que se suspendió la audiencia. Luego, en septiembre de 2019 se fijó la fecha de debate pero la defensa presentó un pedido de suspensión de juicio a prueba y un ofrecimiento de $300.000 que fue rechazado por la fiscalía, la querella y el juez Palacios. La cuestión llegó hasta la Corte de Justicia, que no hizo lugar al recurso de casación y ordenó que se lleve adelante el juicio.
El juicio fue suspendido por tercera vez en junio de este año, cuando la defensa planteó una nulidad por una diferencia en el horario en el decreto de determinación del hecho, pero el Tribunal rechazó el planteo de nulidad, la defensa no casó la sentencia y el fallo quedó firme.
El Ancasti
No hay comentarios:
Publicar un comentario