Críticas a la Justicia por liberar a acusados de abuso

 CON UNA MARCHA POR EL CENTRO CAPITALINO

Los tres imputados por supuesto abuso sexual con acceso carnal fueron liberador tras depósito de una caución de $100 mil.

Integrantes de agrupaciones feministas, de un partido político, familiares y amigos de una mujer que denunció abuso sexual en Belén, marcharon ayer por las calles del centro de la Capital pidiendo que los tres acusados por el hecho, un policía, su hijo y un sobrino, sean nuevamente detenidos. 

Los sospechosos, imputados por abuso sexual con acceso carnal, entre otras imputaciones, fueron liberados por el Juzgado de Control de Garantías, a cargo del juez subrogante Miguel Ángel Aybar, previo depósito de una caución de $100 mil. 

En este marro, los manifestantes  coincidieron al remarcar que la damnificada fue víctima de "abuso sexual en manada", al tiempo que con pancartas y con cánticos exigían a la Justicia belicha, la "urgente detención de los acusados hasta que les llegue el día del juicio". 

El hecho fue denunciado en octubre de 2020 y de acuerdo al testimonio de la mujer, habría sucedido en un descampado de la localidad de Londres, ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Belén. 

A principio de 2021, la fiscal subrogante de Belén, Rita Verónica Saldaño, inició una investigación, imputó a los tres sospechosos y pidió la prisión preventiva, que fue aprobada y rápidamente apelada por la defensa de los sospechosos. En abril la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad del acta de prisión preventiva de los tres, y llamado de atención de por medio apartaron a Saldaño y al juez de Control de Garantías Oreste Piovano. Los integrantes de la Cámara declararon nulo el primer hecho porque no estaba especificada la intervención de uno de los protagonistas.

El lugar de Saldaño fue ocupado por Marina Villagra, quien avanzó con la investigación y a mediados de junio solicitó audiencia de prisión preventiva para los sospechosos, cuyo resultado favorable a los acusados se conoció esta semana. 

Los sospechosos son Rodrigo Hernán Ruiz, el policía Edgardo de la Cruz Roldán y su hijo Cristian Roldán. Desde el entorno familiar de la damnificada aseguran que a partir de la denuncia, la mujer fue amenazada y sufrió hostigamiento, por lo que decidió radicarse en una localidad alejada de la ciudad de Belén, por temor a represalias.