lunes, 4 de mayo de 2020

Por decreto entró en vigencia un nuevo régimen de coparticipación municipal


LA PANDEMIA || FUE CONSENSUADO CON LOS INTENDENTES

Ya no se detraerán recursos de la masa coparticipable para los Fondos de Desarrollo Municipal y de Emergencia. Serán fondos que se destinarán a gastos corrientes ante la baja de los ingresos.


Por el decreto-acuerdo Nº 671 entró en vigencia un nuevo régimen de 
coparticipación municipal y deroga la ley 5.174 que se había aprobado en 
diciembre de 2005, luego de arduos debates en el Poder Legislativo y con 
los exintendentes. Este nuevo régimen fue consensuado en la reunión del 20 
de abril con los actuales intendentes. Los municipios seguirán recibiendo el 
25% del total de recursos que ingresan a la Provincia, pero desaparecen Fondos 
que se habían creado por ley, tal como el Fondo de Desarrollo municipal y el 
Fondo de Emergencia. Los jefes comunales prefirieron que se distribuyan esas 
para gastos corrientes ante la baja de los recursos. Se mantienen los índices
 para la distribución de la coparticipación. Además, se derogó el régimen de 
regalías mineras y esos fondos irán a Rentas Generales.
El fundamento del nuevo decreto es otro decreto anterior (Nº 576) por el que se declaró la emergencia por un año en la Provincia, prorrogable por igual plazo, a
partir de la pandemia. El artículo quinto establece que mientras dure la
emergencia “podrán destinarse recursos provinciales afectados a otros destinos distintos de los aprobados por sus respectivas leyes de afectación,
transformándolos en recursos de rentas generales, quedando exceptuados
los recursos que financien gastos de personal”. 
La iniciativa había generado polémica, pero luego obtuvo consenso en una
reunión ampliada de la Comisión de Participación Municipal en la que los intendentes aceptaron ceder fondos a cambio de que se les garantice el pago de sueldos. 
La ley 5.174, ya derogada, garantizaba que los municipios reciban el 25% del
total de recursos que tenga la provincia. Previo al reparto, se detraía 3% de la
 masa coparticipable para el Fondo de Desarrollo Municipal y un 2% para el
 Fondo de Emergencia Municipal. Estas partidas eran controladas y
administradas por la Comisión de Participación Municipal conformada por intendentes. El 95% restante se distribuía entre los municipios. 
El Fondo de Desarrollo Municipal tenía dos destinos: un 60% para gastos de
capital y un 40% para el fortalecimiento institucional con el objetivo de producir
 mayor descentralización . Estos fondos se repartían por los índices de coparticipación y no podían destinarse a gastos corrientes . Se ejecutaban a
través de proyectos que se aprobaban y rendían en la Comisión.  
El Fondo de Emergencia tenía por objeto contar con partidas para enfrentar situaciones no previstas. Durante estos años fue utilizado para cubrir gastos
por situaciones climáticas o para ayudar al pago de sueldos y aguinaldos. 
A partir de este nuevo decreto ya no se retendrán partidas para estos fondos y
el 25% de los ingresos de la provincia se distribuirán a los municipios. Contempla
que el 60% del Fondo de Desarrollo Municipal, correspondiente al año 2019 y lo acumulado del periodo 2020 hasta la fecha, sea de libre disponibilidad por parte
de los Municipios. Se acordó que se distribuya de acuerdo a los índices de coparticipación. 
Respecto al cuarenta por ciento (40%) restante de Fondo de Desarrollo Municipal
 y los Fondos de Regalías Mineras, los intendente cedieron esos montos para que sean administrados por la Provincia, con el objetivo de que se garantice el pago
de sueldos a empleados, becados y contratados de cada municipio. Por último, acordaron que, ya no se efectúe el descuento del 5 de la Coparticipación correspondiente al Fondo de Desarrollo Municipal y al Fondo de Emergencia Municipal, y que sea acreditado directamente en la cuenta de cada Municipio. 
En tanto que el Fondo de Emergencia Municipal acumulado será distribuido
conforme a los índices de coparticipación vigentes para cada Municipio. 
Regalías mineras
Por el decreto- acuerdo Nº 672 se deroga la discutida ley 5.128 que está en
vigencia desde 2004, ambos regímenes fueron aprobados durante la gestión del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral. Una de las razones que esgrimió el Gobierno es que ya no representa ingresos significativos para la Provincia. En el
 acta acuerdo, los jefes comunales se ceden los fondos de regalías al Ejecutivo. 
En su artículo l el decreto establece que el presupuesto provincial deberá
incorporar, para cada ejercicio fiscal, una Partida de Recursos Especifica, denominada «Regalías Mineras», y las de gastos, con los Proyectos de inversión
 o desarrollo productivo que se pretenda financiar con ella, en el o los
departamentos donde se encuentre situado el yacimiento minero o su zona de influencia. Esto entrará en vigencia a partir de 2021, ya que la provincia no tiene presupuesto este año. Ambos decretos, que fueron publicados mientras la Legislatura estaba en receso, serán enviados a las Cámaras. n
Reunión por el proyecto de Emergencia 
Esta semana se reunirá el gobernador Raúl Jalil con la presidenta de la Cámara
de Diputados, Cecilia Guerrero, con el vicegobernador Rubén Dusso ( por videoconferencia) y con los presidentes de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Senadores, Ricardo Aredes y Raúl Barot, respectivamente. 
El encuentro tiene por objeto ajustar algunos puntos del proyecto de Emergencia
y Movilidad laboral que se enviará a la Legislatura. 
El viernes último en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el Gobernador
 ratificó que el escenario de emergencia sanitaria y económica demanda la reestructuración del Estado provincial. En ese marco confirmó que enviará a
la Legislatura el proyecto de Emergencia  y la movilidad laboral. También girará
los decretos que se refieren a los cambios en la administración de regalías mineras
 y  Fondo de Desarrollo Municipal.
La movilidad laboral aspira a reubicar empleados del Poder Legislativo en otras
 áreas como Seguridad, Salud y Poder Judicial. La iniciativa ya fue rechazada por
 los gremios que nuclean a los empleados legislativos. 

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