LA PRESENTACIÓN FUE REALIZADA POR FAMILIARES DE UN CESANTEADO
Se cuestionó la inacción del funcionario público en el proceso contra el intendente Taritolay.
La presentación fue realizada por el asesor legal de Santos Nicolasa Liquín y Germán Luis Liquín, hijos de Juan Eladio, quien falleciera sin haber logrado recuperar su trabajo pese a la orden dispuesta por la Justicia y ante los serios incumplimientos que habría tenido el funcionario público. Para la familia Liquín, el fiscal favoreció durante el proceso al intendente denunciado.
En el documento presentado, el letrado señala que uno de los recursos presentados en nombre de la familia Liquín “nunca fue enviado, en una clara intención de beneficiar al imputado de delito”, en tanto que destaca que tampoco se tomaron medidas pese al hecho de haberse advertido la inacción por parte de la fiscalía interviniente.
“Teniendo en cuenta la innumerable cantidad de denuncias y escritos presentados transcurrió un año sin que se inscribieran los antecedentes, ni mucho menos se otorgue justicia”, destacó, en tanto que solicitó que “se tenga en cuenta la falta de diligencia procesal por parte del representante del Ministerio Público Fiscal”.
También detalla que transcurrió un excesivo tiempo “sin que se impulsara la investigación ni mucho menos se solicitara la elevación a juicio del denunciado”, y solicitó que se remueva de la investigación al fiscal Flores.
Caso
El 4 de enero de 2017 un grupo de empleados cesanteados había realizado una denuncia penal en contra del intendente de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay, por incumplimiento de la orden judicial de 2016 en la que determinaba que los trabajadores apartados del municipio recuperaran su fuente laboral en forma inmediata y también el reconocimiento de los haberes caídos desde el momento de su desplazamiento.
El 4 de enero de 2017 un grupo de empleados cesanteados había realizado una denuncia penal en contra del intendente de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay, por incumplimiento de la orden judicial de 2016 en la que determinaba que los trabajadores apartados del municipio recuperaran su fuente laboral en forma inmediata y también el reconocimiento de los haberes caídos desde el momento de su desplazamiento.
En aquella oportunidad, el municipio interpuso un recurso de amparo extraordinario federal en contra de la sentencia, el cual fue declarado inadmisible.
Luego fue la Corte de Justicia de la Provincia la que libró una orden al Juez de Paz para que procediera a intimar al intendente a que en un plazo de 5 días diera cumplimento efectivo a la sentencia incorporando a los 28 trabajadores cesanteados, pero Taritolay no hizo una reincorporación total.
En ese transcurso falleció Juan Eladio Liquín, quien se encontraba incluido en la nómina.
Liquín falleció el 1 de junio de 2017 de “paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria, neumonía y desnutrición”, según detalla la presentación, por lo que el letrado insistió en cuestionar la inacción de la fiscalía que “jamás procedió de acuerdo a lo previsto por el Código Procesal Penal".
Fuente Diario El Ancasti
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