Desde el sector aclararon que Aybar no es un afiliado radical sino un dirigente independiente. Además, referentes de la alianza opositora cuestionaron el proyecto de intervención al municipio que presentó el diputado Daniel Lavatelli.
El viernes último, la Cámara Penal N°3 condenó al intendente Enrique del Carmen Aybar (JPC) a seis años de prisión por encontrarlo culpable del delito de abuso sexual simple agravado por la guarda. Aybar transita su tercer mandato como intendente y mientras la condena no quede firme y no vaya a prisión, podría concluirlo en 2023.
Sin embargo, el futuro de Aybar genera controversia hacia el interior de Juntos por el Cambio porque hay dirigentes que ya se separaron públicamente, pero otros evalúan que la oposición podría perder la conducción de un municipio. Además, se rechazó el proyecto para la intervención del municipio que presentó el diputado Daniel Lavatelli.
En declaraciones a Radio Ancasti, el diputado radical de Belén, Genaro Contreras (UCR-Juntos por el Cambio), evaluó que el proyecto presentado por su par Daniel Lavatelli “es una arista más que se suma a ese historial desestabilizador que tiene el peronismo, que a veces lo hace de mano propia y a veces utilizando otras instituciones”, expresó.
Puerta de Corral Quemado es un municipio que no tiene Concejo Deliberante y es por eso que en varios aspectos está regulado por la ley Orgánica de Municipalidades 4640, que en algunos aspectos quedó desactualizada.
"La ley 4640 es clara en la sucesión. Hay un intendente suplente que debe asumir esa responsabilidad y que por estos momentos está en ejercicio del Ejecutivo. Entendemos que la Justicia tiene que actuar, vamos a apoyar a la institución municipio Puerta de Corral Quemado para que siga en su administración porque tiene que dar respuesta a muchísima gente, más en este contexto de crisis que vivimos", afirmó Contreras.
"Se debe respetar la ley y actuar en consecuencia, están los resortes establecidos, no hay ninguna irregularidad que involucre a la institución. Es un delito de la fase personal que no afecta a la administración", consideró el legislador. Sin embargo, el planteo de la Asamblea Ni Una Menos es que el jefe comunal tendrá a su disposición los recursos del Estado municipal para presionar a quienes se animen a cuestionarlo por el delito de abuso y también contará con recursos del erario municipal para resolver su situación judicial.
Por otra parte, Contreras aclaró que Aybar no es un afiliado del radicalismo sino un dirigente independiente que usó el sello de Juntos por el Cambio para presentarse como candidato cuando ya tenía denuncias presentadas por abuso sexual.
"El radicalismo belicho se reunió en el Comité Departamental y se tomó la decisión de apoyar a quien está en la línea de sucesión”, es decir, al viceintendente Carlos Casimiro.
Contreras sostuvo que en la resolución de la Justicia contra Aybar “no hay ninguna cosa que involucre a la institución municipal, ninguna irregularidad o hecho de corrupción puesto que es un delito de fase personal de quien ejercía la titularidad del municipio que no afecta a la administración”, sostuvo.
El presidente del PRO, Enrique Cesarini, también se refirió a la situación en otra polémica opinión, ya que consideró que el abuso cometido por el intendente pertenece a la faz privada del jefe comunal.
"La realidad es que no debemos mezclar lo político con lo judicial. Creo que en virtud de que existe una sentencia firme, como seguro existirá, tendrá que hacerse cargo de su accionar privado y responder frente a ello. Si bien fue candidato de Juntos por el Cambio el accionar privado de la gente queda en un ámbito privado", sostuvo.
"Creo que la Justicia, gracias a Dios, hizo efectivo un veredicto; esa condena tiene que quedar firme y una vez que quede firme ya queda en el accionar privado. Podemos objetar su accionar privado, podemos no estar de acuerdo con su forma de actuar, pero legítimamente fue elegido por su ciudadanía como intendente, pero eso quedará en el ámbito de la política y su accionar privado, en la Justicia donde pagará su condena", agregó Cesarini.
"El proceso de lo político está reglamentado. Hay un viceintendente en caso de ausencia o destitución y quien debe hacerse cargo está establecido por lo que el proceso de intervención no está reconocido en la Constitución. Nos pondremos a trabajar desde Juntos por el Cambio porque no podemos avalar una intervención del municipio", sostuvo Cesarini en declaraciones a la prensa.
De esta manera, dirigentes de Juntos por el Cambio comenzaron a encolumnarse detrás de la figura del viceintendente, Carlos Casimiro.n
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