YMAD: “Es un buen negocio, aun si no se hace”

UNO DE LOS REPRESENTANTES TUCUMANOS HABLÓ CON LA GACETA

Domingo Marchese, uno de los directores de la UNT, dice que pensaban que el acuerdo minero se iba a aprobar en el Consejo Superior.

La resolución del Consejo Superior de la UNT de rechazar el acta firmada en la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) el 3 de octubre, en la cual se había aprobado la propuesta para la futura explotación minera en Agua Rica, dejó dudas sobre las negociaciones con las mineras de Alumbrera y Agua Rica y sobre el papel de los directores de la UNT en YMAD, Domingo Marchese y Alfredo Grau. “Desde el primer día hemos acordado con el rector (José García) que todo que actuemos en relación con ese aspecto lo íbamos a hacer de acuerdo con sus instrucciones”, dijo Marchese (foto) a LA GACETA. “El rector tomó la decisión de que él tampoco iba a tomar decisión por sí mismo, sino que lo iba a someter a consulta del Consejo Superior. Y así se hizo a lo largo de todo el proceso”, agregó.

Marchese describió que tuvieron reuniones con los decanos y con algunos consejeros superiores. “¿Qué es lo que pasaba? El tema es complejo y veíamos que en las reuniones multitudinarias resultaba muy difícil de explicar. Entonces hemos hecho otras reuniones, con decanos en su hábitat físico. Hemos hecho reuniones con todos. El día antes de que nos convoquen en la asamblea (de YMAD) estuvimos reunidos aquí y no pudimos tener -porque los tiempos no lo permitían- pronunciamiento del Consejo Superior.

- Pero, si desde marzo estaban debatiendo esto, ¿por qué no se convocó al Consejo Superior?
-El tema es que íbamos avanzando en las negociaciones sobre la base de borradores que se iban modificando. Se ha llamado a una reunión en comisión del Consejo Superior antes de las vacaciones de julio y no se pudo completar y quedamos a pasar hasta luego del receso. Después hemos dejado de tener nueva información por un problema de Agua Rica con la provincia de Catamarca y ellos han enfriado el ofrecimiento.

- Después de julio...
-Sí, sí, agosto, septiembre, han retirado el ofrecimiento. Tanto es así que en las reuniones que nosotros hicimos en el directorio planteaban “che, ¿qué hacemos? ¿Los intimamos a que avancemos?” Hasta que aparentemente han resuelto el problema y el día 30 de septiembre han mandado los ofrecimientos a YMAD. Nosotros lo hemos entregado al rector el 1; el 2 hemos tenido reunión acá con la Dirección de Asuntos Jurídicos y las autoridades y hemos resuelto que no teníamos tiempo para tener la opinión del Superior, entonces fuimos con el mandato de pedir un cuarto intermedio. Hemos hablado con los otros directores; nos han manifestado la imposibilidad de hacerlo por razones políticas de cada uno de ellos. Porque además ellos entienden que de acuerdo con la ley de creación de YMAD nosotros no necesitamos autorización del Consejo Superior, que esa es una decisión interna de la UNT. El rector nos dio la instrucción de que no participáramos. Nosotros compartimos que era la mejor de las opciones. Una era entrar y abstenernos, o no participar.

-¿No podían decir no?
-No. En las conversaciones informales (con los decanos) lo que percibíamos como la opinión más generalizada era la aprobación en general con observaciones. Como el tema era muy complejo, se pidió a tres grupos que hagan un informe ambiental, otro económico y otro jurídico. Respecto del ambiental no lo tuvimos escrito sino comentarios respecto de que era necesario incorporar a los requerimientos el cumplimiento de los objetivos que se había fijado en el informe que la UNT hizo en 2008.
- ¿Y respecto de lo económico?

-A nosotros nos parece que es un buen negocio aún si no se hace. Para que se pueda hacer tienen que cumplir con todas las disposiciones legales; tienen que levantar unas cautelares que hoy hacen imposible la actividad y además tienen que cumplir la formalidad de integrarse. Tienen plazo hasta diciembre de 2020 para cumplir con esos requisitos...
-¿Qué cautelares?

-Hay un juicio Martínez, muy viejo, que refiere al proyecto 2008. Una cautelar que impide hacer actividades, ni exploratorias.
-Hay una ordenanza de Andalgalá que prohíbe la minería.

-No la conozco bien pero dicen que el gobierno de Catamarca está objetando la juridicidad de esa norma. Pero está vigente. ¿Qué hemos planteado nosotros? Todo eso tienen que resolver las mineras para que pueda llevarse adelante el proceso. Si no se puede llevar a cabo por causa de ellas, YMAD se queda con los 10,8 millones de dólares que ha recibido de anticipo como pago por el derecho que YMAD les ha dado por intentar hacer ese proyecto O sea, en el peor de los casos vamos a quedar igual que antes, con 10,8 millones de dólares más y habiendo resuelto el problema formal de describir lo que es infraestructura.